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Utilización de las RIN en proyectos energéticos

Siempre estuve adscrito a la línea de pensamiento de sugerir al Estado boliviano la utilización inmediata, planificada y orientada a energía de hasta 6000 millones de dólares de los 10000 millones que Bolivia tiene como RIN -reserva internacional neta- en proyectos específicos para arrancar...

Siempre estuve adscrito a la línea de pensamiento de sugerir al Estado boliviano la utilización inmediata, planificada y orientada a energía de hasta 6000 millones de dólares de los 10000 millones que Bolivia tiene como RIN -reserva internacional neta- en proyectos específicos para arrancar con una planta de producción de GTL –gas a líquidos-, petroquímica de segunda generación, fertilizantes, úrea, explosivos, y utilización de gas para generación eléctrica, entre otros proyectos además de metanol, o retomar el proyecto de LNG –gas natural licuificado- que puede perfectamente ir de la mano de la industrialización. Un concepto interesante: siempre hemos sugerido que el estado cambie de matriz de pensamiento de “rentista” a país que espere “rentabilidad” de sus operaciones financieras como socio de proyectos de valor agregado. El financiamiento de esos proyectos bien podría ser movilizando las “dormidas” RIN.Hace unos días el presidente del Estado boliviano anunció públicamente su decisión de expedir una ley, luego de someterla a “referendo”, que surta un fondo de 2.000 millones de dólares proveniente de las RIN. Un par de criterios al respecto: primero parece una incongruencia llamar a un referendo sobre un tema que requiere una decisión ejecutiva de alto nivel y una probación legislativa consensuada, y segundo –conforme al anuncio hecho público en varios medios- el Presidente dijo “Yo quisiera, mediante una ley, gastar unos 2000 millones de dólares para temas de producción, para producir, para industrias estatales”, se nota en el anuncio un errado criterio de lo que se debiera hacer con el dinero: no es “gastar” ni menos en “industrias estatales”, sino todo lo contrario: es invertir en operaciones de financiamiento y apalancamiento de nuevos capitales externos en proyectos en donde el Estado boliviano sea un socio estratégico igualitario de multinacionales en exploración, explotación, producción y posterior industrialización de nuevos volúmenes de gas. Vale decir: poner dinero a nuevas cadenas en nuevas áreas de exploración que tengan éxito de certificación y posterior producción de gas dirigido exclusivamente a proyectos de escala.De esa forma el estado boliviano se asegura participar como socio en proyectos que a nivel mundial no sólo tienen éxitos en rentabilidad financiera sino que preparan a los países a ser centros de distribución de energía especializada (diesel a partir del gas, productos plásticos, electricidad y nuevos combustibles generados a partir del gas natural).Bolivia tiene a la fecha –siempre siguiendo al discurso oficialista- 10.600 millones de dólares en las RIN, que deben ser orientados en su mayoría, en mi entender, a fortalecer la vocación boliviana par excellence: producción a escala de productos derivados de gas natural. Obviamente la industrialización del litio –que es otro acápite pendiente de estudio y análisis en la realidad económica boliviana- necesita energía barata para su procesamiento y no es ocioso pensar en que surtiendo de fondos a negocios a escala de gas natural se puede industrializar el litio a menor costo.Movilizar las RIN a través de una nueva Ley de Hidrocarburos específicamente para el sector es la única forma de conseguir más dinero en proyectos a escala que requieren fuertes capitales y de esa forma asegurar la presencia del Estado boliviano en el contexto continental como país que pueda surtir mercados demandantes de diesel, de plásticos y de electricidad, además de fertilizantes y otros productos derivados de la agregación de valor agregado al gas natural.Todo éste concepto debe estar ceñido, sin embargo, a ambientes de estabilidad política con una regulación absolutamente nueva y transparente en el manejo de recursos que deben estar protegidos en una nueva legislación de energía.*Boris Gómez Úzqueda es máster en Administración, con estudios en el área de hidrocarburos y es ejecutivo y consultor de la industria privada.

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