Gobierno cuestiona a choferes y aleja la posibilidad de un acuerdo rápido

La posibilidad de un acuerdo rápido entre el Gobierno y la Confederación Sindical de Choferes se aleja después de que el sector rechazara el Decreto Supremo 5716 y anunciara un repliegue nacional de todo el parque automotor - urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional - durante 24 horas el próximo lunes – aunque en la mayoría de las capitales ya está replegado -. Mientras, el Ejecutivo respondió con supuestas cifras para cuestionar el impacto directo del nuevo precio del diésel sobre el transporte público.

El secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, informó que el ampliado nacional realizado este martes en Santa Cruz resolvió exigir la abrogación del decreto y comenzar medidas de presión que podrían escalar hasta un paro indefinido.

El repliegue previsto para el lunes alcanzará al transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, tanto de pasajeros como de carga. Gómez sostuvo que la medida busca mostrar al Gobierno la capacidad de movilización del sector y advirtió que, si no reciben una respuesta durante las 24 horas de protesta, las medidas podrían incrementarse gradualmente.

Cifras del Transporte

La respuesta del Ejecutivo llegó mediante un informe del Ministerio de la Presidencia basado en datos de YPFB y la ANH. Según esas cifras, de los 202.182 vehículos registrados como transporte público, 39.880 —19,7%— funcionan exclusivamente con diésel.

El Gobierno destaca que 162.302 unidades, equivalentes al 80,3%, utilizan gasolina, GNV o una combinación de ambos combustibles. De ellas, 67.815 funcionan exclusivamente con gasolina, 29.290 exclusivamente con GNV y 65.197 pueden operar con GNV y gasolina.

El Ejecutivo pone especial énfasis en este último dato: 94.487 vehículos, el 46,7% del transporte público, pueden utilizar GNV. La posición gubernamental es que este combustible mantiene la subvención y que su abastecimiento continúa con normalidad al menos hasta el mes de enero, dado que se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a no incluir recursos en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 para subvencionar combustibles.

El argumento, sin embargo, no resuelve la discusión central del transporte, que además ya toma previsiones para el año que viene. Una parte importante de las unidades que actualmente utiliza diésel no puede cambiar inmediatamente de combustible y los dirigentes reclaman medidas que compensen el incremento de sus costos de operación.

El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención permitirá liberar alrededor de US$2.600 millones anuales, recursos que pretende destinar a otras áreas.

Sin soluciones a corto plazo

Sectores y analistas señalan que el problema es que, frente al rechazo de los choferes, el Ejecutivo no ha colocado sobre la mesa una alternativa económica distinta de la transformación energética hacia GNV, junto con la posibilidad remota de avanzar posteriormente hacia vehículos eléctricos. La conversión, sin embargo, no es una solución nueva: Bolivia lleva aproximadamente dos décadas impulsando programas de conversión a GNV sin haber conseguido una cobertura total del parque automotor ni resolver la dependencia del diésel en determinados segmentos del transporte.

Así, mientras los choferes exigen la abrogación del DS 5716 y preparan una primera jornada de repliegue nacional, el Gobierno insiste en que la mayoría del transporte público no depende exclusivamente del diésel. Entre ambas posiciones todavía no aparece una propuesta concreta que permita cerrar la brecha y evitar que el conflicto escale el próximo lunes.

El conflicto en las ciudades

De momento el transporte urbano se ha reducido sustancialmente en las ciudades, donde los micros han replegado unidades en la exigencia de una renegociación de tarifas que por el momento es postergada. En diciembre, con el primer incremento, ya se concedieron incrementos notables por lo que los diferentes alcaldes están pidiendo contención y moderación. Contradictoriamente, autoridades como Luis Revilla y César Dockwailer, que han negado un impacto directo muy sustancial en el transporte y la canasta familiar, sí han pedido incrementos para sus proyectos en ejecución, incluso del 30% como estimó el gobernador paceño.