La gasolina vuelve a las filas y la confianza se convierte en otro problema para el Gobierno

Las filas volvieron a los surtidores y con ellas regresó una pregunta que el Gobierno todavía no termina de responder: ¿falta gasolina o sobra temor a que vuelva a faltar?

Durante los últimos días, las colas se han extendido por Santa Cruz, Tarija y otras regiones del país, mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) insiste en que existen volúmenes suficientes y que el problema estuvo en la logística de transporte. La noche del martes, la estatal y la Cámara Boliviana de Transporte de Derivados de Petróleo (Campetrol) alcanzaron un acuerdo para reanudar el traslado de combustibles en cisternas hacia los departamentos.

El vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, Víctor Hugo Blacud, explicó que la interrupción de ese “eslabón” de la cadena provocó las filas y aseguró que estas desaparecerán progresivamente. Campetrol, que agrupa a unas 47 empresas, comprometió la movilización de sus unidades, mientras YPFB y la cámara acordaron avanzar en la contratación de una consultoría para determinar los costos del transporte.

“Tenemos los volúmenes necesarios tanto de diésel como de gasolina a nivel nacional”, aseguró Blacud, quien pidió paciencia a la población y llamó a evitar la sobredemanda.

El problema es que, mientras el Gobierno explica una dificultad logística y pide calma, en los surtidores la percepción es diferente.

“Ya nos dijeron que no iba a subir el diésel”, es una de las frases que se repite entre usuarios consultados por El País en distintas estaciones de servicio. El recuerdo no es menor: durante agosto, el Gobierno había insistido en que el precio del diésel que cargaban los vehículos particulares y el transporte se mantendría en Bs 9,80, mientras aplicaba un precio diferenciado de Bs 18 para grandes consumidores. YPFB incluso calificó aquella medida como una decisión que no constituía un “gasolinazo”.

YPFB asegura que existen volúmenes suficientes y atribuye las filas a una interrupción temporal del transporte en cisternas. En los surtidores, el temor a nuevos cambios de precios y el antecedente del diésel alimentan la demanda preventiva.

Un mes después, el escenario cambió. El 19 de septiembre, el Gobierno anunció la eliminación de la subvención al diésel y estableció inicialmente un precio de Bs 17,95 por litro, vinculado a un mecanismo de paridad de importación.

La secuencia es la que alimenta ahora la desconfianza de parte de los consumidores. No necesariamente porque las actuales filas demuestren que la gasolina vaya a subir de precio de inmediato, sino porque el consumidor ya aprendió que los anuncios sobre combustibles pueden cambiar en cuestión de semanas.

Es el círculo de la sobredemanda: el temor al desabastecimiento produce acopio; el acopio genera una demanda superior a la habitual; la demanda presiona los surtidores y las reservas; y las filas vuelven a alimentar el temor inicial, pero no es el único temor.

El país viene de una crisis prolongada de abastecimiento de carburantes, de una intervención de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de problemas de transporte y de una modificación profunda del esquema de precios del diésel. En septiembre, el propio Gobierno había asegurado que las filas por ese combustible habían desaparecido después de retirar la subvención y sostuvo que una parte importante del producto subvencionado terminaba desviándose hacia actividades ilegales.

El contrabando como parte del problema

La otra explicación que aparece en el debate es el contrabando. Responsables de YPFB en algunas regiones ya han señalado que parte de la presión sobre la gasolina puede estar relacionada con un cambio en el comportamiento de quienes se dedicaban al desvío ilegal de carburantes. En Sucre, por ejemplo, YPFB informó a finales de septiembre que los despachos de gasolina estaban incluso por encima del promedio, pero que las filas persistían por una “sobredemanda”. El responsable regional de la estatal atribuyó parte de esa presión al supuesto traslado de actividades de acopio ilegal desde el diésel hacia la gasolina.

La hipótesis no significa que toda persona que hace fila esté acopiando combustible para contrabandearlo. Ese salto sería injustificado. Lo que sí existe es un problema reconocido por las propias autoridades: mientras el precio interno se encuentre por debajo del costo de reposición o del precio vigente en países vecinos, existe un incentivo económico para desviar carburantes.

El Decreto Supremo 5516, vigente desde enero, fijó la gasolina especial en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80 antes de las posteriores modificaciones. El propio decreto justificó la reforma señalando que el esquema de subsidios había generado distorsiones y que, según estimaciones citadas por el Gobierno, una parte importante de la oferta terminaba desviándose hacia países vecinos.

Con la gasolina todavía subvencionada, el diferencial de precios continúa siendo un incentivo potencial para el contrabando. A eso se suma la posibilidad de que algunos consumidores estén acumulando combustible ante la expectativa de futuras modificaciones de precios.

Son dos fenómenos diferentes que pueden terminar produciendo el mismo resultado: más demanda sobre una cadena de abastecimiento que todavía muestra vulnerabilidades.

El calendario que todos miran

Y aquí aparece el elemento que explica buena parte de la incertidumbre actual: 2027.

El acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, aprobado mediante la Ley 1765, contempla un programa de reformas que incluye la eliminación de las subvenciones a los combustibles. El documento establece que el Presupuesto 2027 no deberá incluir subvenciones a los combustibles, ni provenientes del Tesoro ni de empresas estatales, y que los precios internos deberán avanzar hacia la recuperación de costos desde enero.

Eso no significa que el Gobierno haya anunciado ahora un aumento de la gasolina para mañana. De hecho, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, salió esta semana a negar una eliminación inmediata de la subvención a la gasolina y afirmó que, “por el momento”, esta se mantiene. La prioridad declarada por el Ejecutivo es recuperar la continuidad del abastecimiento.

Pero tampoco significa que el precio subsidiado tenga garantizada su permanencia durante todo 2027.

La diferencia es fundamental. Una cosa es el abastecimiento de hoy y otra el modelo de precios que regirá el próximo año.

Y precisamente esa incertidumbre está entrando en el comportamiento cotidiano de los consumidores.

El Gobierno necesita que la población crea que habrá gasolina suficiente mañana para que deje de intentar garantizarla por sí misma hoy. Y para conseguirlo no basta con anunciar que existen volúmenes disponibles. Hace falta que esos volúmenes efectivamente lleguen a los surtidores, que las filas disminuyan y que el patrón se mantenga durante varios días.

Porque el problema de la confianza tiene una característica particular: se pierde rápidamente y se recupera lentamente.

El diésel espera su fórmula mientras el dólar cambia

El precio de Bs 17,95 para el diésel nació el 18 de septiembre como punto de partida de un nuevo esquema de Precio de Paridad de Importación (PPI). El Decreto Supremo 5716 estableció que el precio debe calcularse tomando en cuenta el costo del producto importado, transporte, almacenamiento, inspección, costos financieros, tributos y otros componentes, todos expresados inicialmente en dólares y convertidos posteriormente a bolivianos con el tipo de cambio oficial vigente al momento del cálculo.

El mismo decreto estableció una banda de ajuste de ±5% y ordenó al Ministerio de Hidrocarburos reglamentar el mecanismo en un plazo de hasta cinco días hábiles. Sin embargo, el DS 5729, aprobado el 25 de septiembre, modificó las disposiciones transitorias y amplió a 10 días hábiles tanto la reglamentación de la estructura de costos como la aplicación de la banda.

El cambio de plazo es relevante porque durante ese período el tipo de cambio utilizado como referencia también cambió de manera importante.

El 18 de septiembre, cuando se fijó el diésel en Bs 17,95, el TCO publicado por el BCB era de Bs 10,01 por dólar. Para el 24 de septiembre había llegado a Bs 12,26, su máximo registrado hasta ahora bajo el nuevo régimen flexible, y este 1 de octubre se encuentra en Bs 12,00.