El FMI plantea a Bolivia un ajuste más allá del crédito

El acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) develado el miércoles en este diario y hecho público por el ministro de Economía Christian Morales ayer empieza a revelar su verdadera dimensión. Más que un crédito por $us 1.900 millones, el programa plantea una transformación de la política económica que obligará al país a atravesar un periodo de ajuste profundo, con efectos que pueden sentirse mucho más allá de los 36 meses de vigencia del acuerdo.

El Gobierno sostiene que se trata de una hoja de ruta propia y que el acuerdo no contiene "condicionantes". Sin embargo, el memorando publicado establece metas fiscales, monetarias y de reservas, además de reformas estructurales que serán evaluadas periódicamente antes de hacer los siguientes desembolsos, lo que implícitamente implica subordinación. Entre ellas figuran completar la transición hacia un tipo de cambio flexible ya iniciada en junio, la eliminación de la subvención a los combustibles ya en el POA de 2027, la reducción del gasto y una mayor participación privada en sectores estratégicos.

La meta oficial es reducir el déficit fiscal del 9,1% del PIB previsto para 2026 al 6,4% en 2027 y al 3,8% en 2028, para alcanzar alrededor del 2% en 2031. Al mismo tiempo, el Gobierno proyecta elevar las Reservas Internacionales Netas hasta casi $us 8.000 millones en 2028, frente a una situación de reservas líquidas extremadamente reducidas al inicio de la gestión.

El Ejecutivo asegura que hay una mejora este año y la atribuye al recorte del financiamiento del Banco Central al sector público, al control del gasto y al incremento de los ingresos. También sostiene que estas medidas contribuyeron a reducir la inflación. El problema, advierten expertos, analistas y diputados, es que la estabilización tiene una segunda factura que todavía no conocemos completamente.

El combustible es la gran incógnita

El principal desasosiego ciudadano está concentrado en una fecha: 2027. El memorando prevé eliminar la subvención a todos los combustibles y llevar los precios, al menos, hacia niveles de recuperación de costos. El propio documento reconoce que esta transición puede generar presiones inflacionarias y riesgos sociales considerables. El ministro Morales a preguntas de la prensa solo concedió analizar el precio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo.

En general, diputadas como Claudia Herbas de Alianza Popular o Marcela Guerrero de Unidad advierten que la discusión no puede reducirse a cuánto dinero recibirá Bolivia del FMI, sino que debe establecerse cuánto costará a las familias bolivianas el ajuste y qué hará el Estado para evitar que el costo recaiga desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables.

Morales mencionó el bono “Pepe” en su presentación, pero cabe recordar que su importe anual fue de 450 bolivianos, pagados cada tres meses, es decir, poco más de 1,20 bolivianos al día. El mismo ha sido calificado de “indigno” desde el tercer sector.

Mauricio Ríos García, economista de orientación libertaria, en entrevista con Hablemos del País de Andrés Gómez Vela sostuvo que el ajuste es inevitable y que, paradójicamente, cuanto más rápido se aplique, más rápidamente podrá la economía adaptarse a la nueva realidad. Defiende además la eliminación de controles de precios y una mayor flexibilidad laboral. Pero su principal advertencia no es económica, sino política: considera que el programa es demasiado ambicioso para un Gobierno que hasta ahora no habría demostrado suficiente capacidad ni credibilidad para ejecutarlo.

Ríos también considera que los $us 1.900 millones son insuficientes frente a la magnitud de las necesidades del país y cuestiona que el Ejecutivo haya demorado la publicación del acuerdo y ofrecido inicialmente explicaciones contradictorias sobre las negociaciones con el FMI.

Doria Medina: ajuste sí, pero con protección social

Desde la oposición, Samuel Doria Medina coincide en lo esencial con la necesidad del ajuste. Atribuye la crisis a los gobiernos del MAS y considera que la bonanza gasífera no fue aprovechada para preparar un "aterrizaje suave".

Su propuesta pasa por reducir el gasto, especialmente mediante las empresas estatales que considera inviables, aumentar los ingresos nacionales y garantizar la seguridad energética mediante nuevas reglas para hidrocarburos y minería.

Pero introduce un matiz relevante: considera que la liberalización de precios y el retiro de las subvenciones deben estar acompañados por compensaciones sociales para los sectores más pobres. Sin ese respaldo, advierte, el ajuste podría fracasar.

¿Qué es exactamente recortar el gasto público?

Recortar el gasto público significa que el Estado reduce la cantidad de dinero que gasta en sus funciones, servicios, obras y personal. En pocas palabras, es gastar menos. Al igual que una familia que tiene menos ingresos y decide frenar compras o lujos, un gobierno achica su presupuesto para gastar solo lo necesario.

Se hace básicamente para bajar el déficit, es decir, no gastar más de lo que se ingresa por impuestos, pero también, aparentemente, para controlar la inflación al retirar circulante.

La ortodoxia financiera dice que bajando el déficit se permite sanear la economía evitando endeudarse o retardando subidas de impuestos, pero también golpea la economía popular con desempleo y empeoramiento de servicios básicos que reciben los ciudadanos.

En un país como Bolivia, el empeoramiento de los servicios básicos es relativo, dado que apenas se brindan los elementales como salud y educación y no hay una política seria de asistencia social a sectores vulnerables más allá de la Renta Dignidad, el Pepe o el bono Juana Azurduy de cantidades irrisorias.

El mayor problema está relacionado con el empleo, pues la retirada de funcionarios supone también la reducción del empleo formal en el país, donde apenas aportan 900.000 personas al mes pese a tener unos cinco millones de personas económicamente activas.

La destrucción de empleo formal supone también una bajada de ingresos tributarios de forma directa – RC-IVA – e indirecta, al reducir la capacidad de compra legal.  

La inversión pública propia está prácticamente detenida desde hace varios meses y solo existen algunos programas con cargo a crédito en programas de emergencia, como los enlosetados o los tinglados, que poco o nada impulsarán la inversión productiva.

El crédito del FMI tiene cuatro años y medio de gracia – empezaría a pagarlo el próximo gobierno – y la tasa es relativamente baja cruzada con la inversión, aunque los incumplimientos están gravados.