La Asamblea acelera con el crédito del FMI y alivia a las Gobernaciones

Consolidada la ampliación del Estado de Excepción en Bolivia en la madrugada del jueves con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados se dispuso a tratar con celeridad la Ley que aprueba el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares y que está condicionado a un programa de reformas de gran magnitud, como la liberación total de los precios de los combustibles – no habrá recursos para la subvención en el POA de 2027 -, un ajuste del gasto de casi el 10% del PIB y una futura reforma tributaria.

El ministro de Economía, Christian Morales, se hizo presente en la cámara para explicar y defender el proyecto de Ley. El debate fue breve y aunque en la previa muchos diputados habían mostrado sus dudas sobre el plan, acabó pasando con apoyo de más de dos tercios. El documento pasa entonces al Senado para finalmente ser tratado en pleno.

Analistas como Gonzalo Colque advierten que la falta de debate en la Asamblea hará que el mismo se traslade a otras instancias y plantea dudas especialmente en las medidas de protección social. “No hay límites explícitos para el desempleo, pérdida de poder adquisitivo, pobreza y profundidad de la recesión. No hay líneas divisorias entre cuánto es tolerable y desde qué punto el ajuste es social y económicamente inaceptable. El gasto social no está cuantificado. La ausencia de criterios convierte el programa en un cheque en blanco sin co-responsabilidad de parte del gobierno y del propio FMI”.

Colque no rechaza el crédito del FMI y señala que la situación lo requiere, pero insta a una renegociación para evitar que el costo del ajuste recaiga sobre los de siempre: “Consumidores de diésel: transporte pesado, interdepartamental e internacional, viajes terrestres, minería, agroindustria, industria. Consumidores de gasolina: transporte público y privado. Familias de menores ingresos y sectores vulnerables. Caída del poder adquisitivo de los ingresos. Sectores informales y gremialistas. El comercio mayorista y minorista, importadores, servicios en general. Trabajadores del sector público. Congelamiento de la masa salarial y reducción de ítems” resume.

El costo social

En la mañana ya habían sonado las alarmas con la aprobación de otro crédito: $us 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I” y que desde el Gobierno se ha informado que el préstamo irá destinado al pago de la Renta Dignidad, un bono que se paga a adultos mayores con o sin jubilación – aunque con montos ligeramente diferentes – que hasta el año pasado se financiaban con utilidades de las empresas públicas y que pasará a ser deuda. En el debate Morales puso en duda la fuente con la que se venía financiando. El pago de obligaciones con deuda hizo recordar a momentos críticos del pasado, sin embargo, el gobierno insiste en que es solo un momento para salir del bache.

Recursos para las ETA

La jornada marcada por las iniciativas legislativas se complementó con otras dos medidas. De un lado, Diputados aprobó con dispensación de trámite la Ley de Retorno Financiero – la que permite a las Gobernaciones dejar de pagar obligaciones nacionales como el bono de vacunación, los prediarios de los reclusos o los títulos de bachiller ya desde 2026 – y parece que se culmina al fin una de las promesas de agosto.

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Por otro lado, el presidente Rodrigo Paz promulgó la modificación de la Ley 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, que establece nuevas reglas para facilitar convenios entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas. La norma busca dar continuidad a proyectos registrados en gestiones anteriores que no contaban con financiamiento suficiente y facilitar su ejecución mediante recursos de otras instituciones o fuentes externas.

La modificación también precisa las responsabilidades de las partes en cada proyecto —financiamiento, ejecución y recepción— y amplía las posibilidades de los gobiernos subnacionales para participar en la supervisión, fiscalización y cofinanciamiento. Además, dispone que la UPRE, o la entidad que la sustituya, informe cada seis meses a la Asamblea Legislativa sobre los recursos destinados a estos proyectos y presente la documentación de respaldo.

Gobernaciones se centran en tres reclamos

Aprobada al fin la Ley de Retorno, comprometida antes de la reunión del 5 de agosto entre Gobernadores y Ministerio de Economía, los esfuerzos se centran ahora en tres líneas: derogar la Ley de Incentivos para paralizar el descuento del 12% de IDH y lograr su reposición; materializar en convenios concretos el decreto de renegociación de deudas con el FNDR y, finalmente, incluir en el POA 2027 la asignación automática de un porcentaje de recursos de coparticipación tributaria para las Gobernaciones, aunque el porcentaje definitivo quede a expensas de una negociación completa en el Consejo de Autonomías. La próxima semana se espera materializar la propuesta en la celebración de Santa Cruz.