Gobierno cierra la puerta a revertir el “dieselazo” por exigencia del FMI

El Gobierno mantiene firme el Decreto Supremo 5676, que fija en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, pese al rechazo de municipios y sectores productivos. Mientras, Santa Cruz busca alternativas para garantizar el abastecimiento y los productores intensifican sus medidas de presión.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la norma “se puede mejorar, pero no se puede retroceder”, en respuesta al pedido de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) para que sea abrogada. El mandatario justificó la medida por la necesidad de reducir el gasto estatal en combustibles y liberar recursos para carreteras, hospitales, colegios, salud y educación.

“Si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes”, sostuvo Paz durante una reunión con representantes municipales. También comparó los precios de los carburantes en Bolivia con los de Perú y cuestionó el uso de recursos públicos para mantenerlos por debajo de los costos.

Cabe señalar que los municipios son considerados “grandes consumidores”, por lo que sus vehículos a diésel pagan ahora 18 bolivianos por litro.

La exigencia

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció finalmente que el Decreto 5676 y en general, la liberación de los precios de los hidrocarburos, responde a uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al financiamiento externo que rescate al país reconstruyendo las Reservas Internacionales. Aramayo defendió la medida ante el pedido de derogación planteado por la FAM como parte de su agenda hacia el 50/50.

En el mes de julio se reconoció el pedido de rescate del Gobierno al Fondo Monetario Internacional mediante un acuerdo que inicialmente se cifró en 1.900 millones de dólares de los que se esperaba un adelanto inminente en septiembre. Para ello debe tener el visto bueno de la junta del FMI y también de la Asamblea Plurinacional. Normalmente se ponen diferentes condiciones sobre todo relativas a la estabilidad. De momento no ha avanzado ni en un espacio ni en el otro, y la crisis generalizada que atraviesa el país, con amenazas de bloqueos incluso a pesar del Estado de Excepción, no es una buena señal.

Rechazos

La presión también llega desde el sector productivo. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) mantiene su rechazo y dio plazo hasta el domingo para que el Gobierno abrogue la norma. De no ocurrir, anunció que acudirá al Comité Pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad y definir nuevas medidas.

El conflicto ya provocó enfrentamientos en las carreteras. Un operativo policial, con apoyo de las Fuerzas Armadas, desbloqueó la ruta Trinidad-Santa Cruz, a la altura del puente San Pablo, donde productores de Marbán protestaban contra el precio del diésel. Los manifestantes respondieron con piedras y quema de llantas y vegetación. Tras la intervención, varios vehículos con carga lograron continuar su recorrido.

El plan de Velasco

En Santa Cruz, entretanto, el gobernador Juan Pablo Velasco aseguró que trabaja para garantizar el abastecimiento. “En las próximas semanas, vamos a inundar el departamento de Santa Cruz con diésel y gasolina”, afirmó, al anunciar que la Gobernación busca una alianza con el sector privado para importar combustible.

Velasco no dio detalles sobre el mecanismo, pero aseguró que se está haciendo “todo lo necesario” para garantizar el suministro y devolver la tranquilidad a la población.

El gobernador cuenta con el respaldo del Comité Cívico y organizaciones agrarias para avanzar en una alternativa de importación y comercialización a precios de mercado. La CAO, sin embargo, mantiene su rechazo al Decreto 5676 precisamente por el precio diferenciado.

Así, el conflicto se mueve en dos planos: mientras el Gobierno sostiene que no dará marcha atrás en la eliminación de parte de la subvención, municipios y productores reclaman que el costo terminará trasladándose a la economía y a los consumidores. Santa Cruz, por su parte, intenta abrir una vía propia para garantizar combustible, pero sin resolver todavía la disputa sobre el precio.