La empresa boliviana sin rostro que no rinde cuentas a nadie

Este jueves 30 de abril de 2026, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tiene previsto anunciar el plan de transparencia para las empresas públicas, en cumplimiento del Decreto Supremo 5600 firmado el 6 de abril por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

La norma abroga las autorizaciones que permitían a las entidades del Estado contratar bienes y servicios al margen de las reglas ordinarias, y ordena una revisión de todos esos procesos en busca de posibles hechos de corrupción. Es una promesa de orden después de años en que la opacidad fue la regla.

A cuatro mil kilómetros de La Paz, en el Sector Hoteleiro Norte de Brasilia, esa promesa encuentra su prueba más inmediata. En la Quadra 02 de ese sector funciona ENDE Brasil Energia Ltda., la empresa que el Estado boliviano creó para recibir el pago en energía —y eventualmente en dinero— que Brasil le debe por la operación de la central hidroeléctrica de Jirau, en el marco del acuerdo conocido como Cota 90.

La dirección no es una oficina corporativa ni una sede diplomática: es el domicilio fiscal de Vector Contadores Associados Ltda., la firma de Elizer Soares de Paula, contador brasileño que oficia simultáneamente como administrador único de la compañía del Estado boliviano. El teléfono registrado es el mismo. El correo electrónico de contacto es una cuenta personal de Soares de Paula en el dominio de Vector. Dos años después de su constitución, ENDE Brasil no tiene una dirección de correo institucional propia.

La empresa fue constituida el 19 de abril de 2024, dos meses y medio antes de que Bolivia y Brasil firmaran formalmente el memorando de entendimiento sobre la Cota 90, el 9 de julio de ese año en Santa Cruz de la Sierra. La coincidencia de fechas no es anodina: la ley brasileña exige requisitos rigurosos para operar en el mercado eléctrico, y constituir una empresa con tanta antelación —justo antes de la firma del memorando— sugiere que el gobierno boliviano conocía de antemano los términos del acuerdo.

De hecho, el 3 de enero de 2024, el Directorio de ENDE Transmisión ya había autorizado la conformación de una “Sociedad Comercializadora de Energía Eléctrica en la República Federativa del Brasil”. ENDE Brasil nació, en ese sentido, como la llave jurídica para que el Estado boliviano pudiera cobrar los beneficios de un trato que todavía no existía sobre el papel.

Las filiales que mandan en Brasil

La estructura societaria escogida añade otra capa de opacidad. ENDE Brasil no es una sucursal directa de ENDE Corporación, la empresa pública nacional estratégica que encabeza el sector eléctrico boliviano. Sus accionistas directas son dos filiales: ENDE Guaracachi S.A. —la mayor generadora termoeléctrica del Sistema Interconectado Nacional, con 250 megavatios en Guaracachi, 32 en Aranjuez y 60 en la planta solar de Uyuni— y ENDE Transmisión S.A., el monopolio regulado de transporte de energía de alta tensión en el país. Ambas cotizan bonos en la Bolsa Boliviana de Valores, lo que las obliga a publicar información financiera periódica ante el regulador. Pero esa transparencia regulatoria tiene un límite preciso: termina exactamente donde empieza lo que la sociedad brasileña debería revelar.

La opacidad no nace de una ausencia de registros, sino del lugar donde esa información se esconde. La Nota 12 (Inversiones en Participaciones de Capital) de los estados financieros auditados de ENDE Transmisión al 31 de diciembre de 2024, firmados el 27 de marzo de 2025 por el entonces gerente general Filiberto Soto Encinas, revela que la transportadora posee el 40% del capital de ENDE Brasil Energia Ltda., con cuotas de capital valoradas en 6.388.288 bolivianos. El debut de la filial no fue auspicioso: antes de cumplir su primer año, la inversión ya registraba una pérdida por diferencia de cambio de 1.884.599 bolivianos debido a la devaluación del real brasileño.

Para este cálculo, los auditores utilizaron los estados financieros de la propia ENDE Brasil al 31 de diciembre de 2024, lo que prueba que la subsidiaria sí genera información contable que el Gobierno boliviano recibe pero no divulga. La anomalía, por tanto, no es contable: la inversión está registrada, auditada y con pérdidas. Lo anómalo es que, pese a existir esa información desde marzo de 2025, el directorio de ENDE Transmisión todavía instruyera un año después, en marzo de 2026, gestionar la “situación económica y patrimonial de ENDE Brasil”.

Los estados financieros auditados de ENDE Guaracachi al 31 de diciembre de 2024, revisados por esta investigación, revelan la otra mitad de la inversión. La generadora termoeléctrica registra una participación del 60% en ENDE Brasil, con un valor de Bs 9.835.822. Ese monto incluye no solo el aporte de capital —R$ 6.000.000, según el acta constitutiva— sino también Bs 3.010.845 en “cargos cambiarios y de transferencia en la constitución”. La auditora Delta Consult, que firmó el informe el 23 de enero de 2025, incluyó una salvedad explícita: “La Sociedad aún no cuenta con estados financieros auditados de la subsidiaria, estando en etapa de organización dicha empresa, por lo que no nos ha sido posible verificar documentación soporte suficiente para poder evaluar la razonabilidad del saldo”. El auditor, en otras palabras, no pudo certificar que esos casi 10 millones de bolivianos estén bien gastados. 

El capital social declarado es de diez millones de reales —aproximadamente 1,8 millones de dólares—, una fracción mínima de los casi 70 millones de dólares anuales que el gobierno boliviano estima que el acuerdo debería generar. El acuerdo de la Cota 90, firmado entre los ministros Alexandre Silveira, por Brasil, y Franklin Molina, por Bolivia, modificó las condiciones de operación de Jirau: la represa, que hasta entonces debía bajar su nivel a 82,5 metros durante la estación seca para evitar impactos en territorio boliviano, podría ahora operar a 90 metros de manera constante durante todo el año.

La energía adicional generada se dividió en dos tercios para Brasil y un tercio para Bolivia. El Consejo Nacional de Política Energética brasileño formalizó esa división el 1 de octubre de 2025, y la Ordenanza 2.946 del Ministerio de Minas y Energía calculó un incremento promedio de 121 megavatios para el sistema brasileño, con picos de hasta 236 megavatios. Para Bolivia, la promesa era recibir su tercio sin necesidad de invertir un centavo en generación. Jirau ya estaba construida, operada y financiada.

Preguntas sin respuesta

Para recibir y monetizar esa energía en el mercado eléctrico brasileño, Bolivia necesitaba registrarse como agente comercializador ante la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE). ENDE Brasil fue creada para cumplir ese requisito. Dos años después de su constitución, no existe constancia pública de que la empresa haya completado ese registro ni de que haya recibido algún pago de Jirau. Su administrador, Elizer Soares de Paula, no es un funcionario del Estado boliviano, ni un diplomático, ni un ejecutivo del sector energético: es el propietario de la firma de contabilidad que presta domicilio fiscal a la compañía. Las preguntas sobre a quién rinde cuentas, si ha recibido fondos y quién le imparte instrucciones permanecen sin respuesta.

Lo que sí revelan los estados financieros es quién paga las cuentas. La Nota 7 (Otras cuentas por cobrar empresas relacionadas) registra un saldo de 190.130 bolivianos bajo el concepto de “pagos a cuenta a ser reembolsados por ENDE Brasil Energia Ltda.”. La Nota 33 (Precios de transferencia) confirma que la matriz boliviana realiza habitualmente “pagos realizados por cuenta de la empresa vinculada”. En la práctica, ENDE Brasil no opera como una unidad de negocio autónoma, sino como una entidad financieramente dependiente de su accionista boliviana, que cubre desde La Paz los gastos operativos de la oficina de Brasilia.

Los mismos estados financieros preliminares de ENDE Brasil —no auditados, pero existentes— muestran una empresa que a diciembre de 2024 era pura estructura sin operación: activo de R$ 10.146.360, pasivo de R$ 10.097.610, patrimonio de apenas R$ 97.610, y un resultado del ejercicio de R$ (242.239). Cero ingresos, cero egresos, cero utilidad. La “empresa sin rostro” no solo no responde preguntas: a dos años de su creación, aún no había movido un kilovatio-hora. 

El Diario El País envió un cuestionario a Soares de Paula y un oficio al Directorio de ENDE Corporación, a las autoridades ejecutivas de la empresa, al Ministro de Hidrocarburos y Energías —que preside el Directorio— y al Ministro de Economía. Las preguntas abarcaban la gobernanza de la subsidiaria, la situación de sus cuentas bancarias en el exterior —cuya apertura fue autorizada por el directorio de ENDE Transmisión en noviembre de 2024—, los eventuales pagos recibidos de Jirau, la existencia de declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés, y si la creación de la empresa fue aprobada mediante resolución del Directorio de ENDE Corporación o por decreto supremo, y si la Asamblea Legislativa fue informada.

El cuestionario también preguntó por qué ENDE Guaracachi no consolida a ENDE Brasil en sus estados financieros pese a reconocer, en la Nota 2.g de sus cuentas auditadas, que posee “control” sobre la subsidiaria: tenencia del 60% de acciones, influencia en decisiones de directorio, y poder sobre la distribución de dividendos. La norma contable boliviana —la Norma de Contabilidad N° 8 del CTNAC— exige la consolidación cuando existe control. Guaracachi, sin embargo, valúa la inversión al “Valor Patrimonial Proporcional” y presenta estados financieros “separados” como “principales”. Esa decisión contable, tomada por la administración de Rodrigo Corrales Arciénega, tiene el efecto práctico de que los pasivos, los ingresos y los gastos de ENDE Brasil no aparecen en ningún balance público boliviano. 

El plazo de quince días hábiles venció sin que ninguna institución acusara recibo del cuestionario ni solicitara prórroga alguna.

No obstante, el Gobierno boliviano ha difundido información sobre la creación de ENDE Brasil y los beneficios esperados del acuerdo. El mismo 9 de julio de 2024, tras la firma del memorando en Santa Cruz, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías emitió una nota de prensa titulada “Bolivia y Brasil firman acuerdo de energía limpia que beneficiará a 58 mil hogares en el norte amazónico boliviano”, en la que anunciaba la constitución de la subsidiaria brasileña y un ahorro estimado de 69 millones de dólares anuales por la sustitución del diésel.

Meses después, el 5 de marzo de 2025, el presidente de ENDE Corporación, Mauricio Arevey, declaró durante una rendición pública de cuentas —recogida por la Agencia Boliviana de Información (ABI)— que ENDE Brasil “tendrá dos objetivos centrales: comercializar energía en Brasil y abastecer la región norte de Bolivia” con energía limpia.

El 5 de abril de 2025, un nuevo comunicado institucional, titulado “Bolivia avanza en la integración energética con Brasil para fortalecer el suministro eléctrico”, reiteró que la empresa fue constituida en abril de 2024 para gestionar la autorización de comercialización ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL) y anunció estudios para una interconexión desde la provincia Germán Busch.

Ninguna de esas comunicaciones oficiales, sin embargo, aclara por qué la inversión en ENDE Brasil no aparece en los estados financieros públicos de sus propietarias bolivianas, ni por qué su administrador único es un contador brasileño sin vínculo laboral con el Estado.

El contraste con la otra subsidiaria internacional del grupo es elocuente. ENDE Transmisión Argentina S.A. (ETASA) fue creada mediante decreto supremo y figura en los estados financieros consolidados de su matriz. ENDE Brasil, en cambio, fue constituida sin que haya salido a la luz ninguna resolución del Directorio de ENDE Corporación ni ningún decreto supremo que la respalde, y no aparece en los estados financieros consolidados.

La historia tiene un precedente de dos décadas: en julio de 2004, el directorio de ENDE Guaracachi aprobó la constitución de Guaracachi International S.A., una subsidiaria pensada para “proyectos en el extranjero”. Veinte años después, ningún balance de esa entidad ha aparecido en los archivos públicos del Registro de Comercio boliviano. ENDE Brasil nace, en ese sentido, de una genealogía de subsidiarias sin rendición de cuentas.

El caso guarda semejanzas inquietantes con el escándalo de BoTrading, la sociedad fantasma creada por el exgerente de Bolivia TV en las Islas Vírgenes Británicas, cuya opacidad permitió desviar fondos públicos durante años sin que los controles estatales detectaran la maniobra. Hay diferencias: ENDE Brasil fue constituida legalmente y registrada en los sistemas públicos brasileños, con un CNPJ asignado por la Receita Federal y datos societarios visibles en el Cuadro de Sócios e Administradores.

Pero la transparencia termina ahí. Pasado el umbral del registro formal, la empresa se convierte en un espejismo: sin oficina propia, sin correo institucional, sin estados financieros públicos. La lección de BoTrading fue que la opacidad en las empresas públicas bolivianas no es un defecto del sistema, sino una característica que permite que el dinero del Estado circule sin control.

La promesa del Decreto Supremo 5600 es, precisamente, romper con esa característica. Pero mientras el administrador de una empresa clave para los intereses energéticos del país se niegue a responder preguntas básicas, esa promesa corre el riesgo de quedarse en el papel.

La caja negra de las filiales

La opacidad de ENDE Brasil no es un fenómeno aislado en la estructura de ENDE Corporación. Su par argentina, ENDE Transmisión Argentina S.A. (ETASA), fue creada mediante decreto supremo y figura —a diferencia de su par brasileña— en los estados financieros consolidados de la matriz.

Aun así, en marzo de 2026, el directorio de ENDE Transmisión también instruyó gestionar la “situación económica y patrimonial” de ETASA en la misma sesión en que hizo lo propio con ENDE Brasil. Las dos subsidiarias internacionales del grupo energético boliviano presentan, simultáneamente, situaciones patrimoniales que preocupan a sus accionistas.

La decisión de no repartir dividendos —pasando del 70% histórico al 0% en la gestión 2025— que tomó ENDE Transmisión por unanimidad en marzo de 2026 retuvo 332,5 millones de bolivianos que quedaron en la cuenta de Resultados Acumulados. Sumados al 60% retenido de las utilidades 2024 (otros 216 millones), el grupo acumuló más de 548 millones de bolivianos sin distribuir en dos años. Además, en 2024 y 2025, ENDE Transmisión contrató nuevas líneas de crédito bancario por un total de 370 millones de bolivianos, según las actas societarias.

La hipótesis de que parte de esos fondos sirve para sostener filiales en dificultades —Brasil y Argentina— está respaldada por la simultaneidad de los eventos y por la mención explícita en las actas. Lo que falta, y que sigue siendo la pieza central que el periodismo y los auditores reclaman, son las notas detalladas a los estados financieros de 2025 que muestren el valor de la inversión en ENDE Brasil registrada como activo permanente.

La información ya fue abierta por los auditores: 6,3 millones de bolivianos de dinero público cruzaron la frontera. Lo que permanece cerrado es el destino final y el uso real de esos fondos en Brasilia, custodiados por un contador extranjero sin que los funcionarios bolivianos ofrezcan explicación pública alguna.

Para entender cómo la opacidad de una oficina de contabilidad en Brasilia se conecta con las decisiones tomadas en La Paz, consulte el reportaje completo “ENDE Brasil: la empresa sin rostro que vive en una oficina de contabilidad y no responde preguntas”.