Periodistas del país expresan solidaridad con trabajadores de Los Tiempos y exigen respeto a sus derechos laborales

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las nueve asociaciones de periodistas del país, expresó su plena solidaridad con los periodistas y trabajadores del periódico Los Tiempos, quienes denunciaron públicamente la grave situación de precariedad laboral que enfrentan por parte de la empresa Editorial Canelas S.A.

Según la denuncia, los trabajadores no han recibido el pago de 13 salarios, ni los aportes correspondientes al Sistema Integral de Pensiones y a la Caja Nacional de Salud. Además, se les niegan derechos fundamentales como el subsidio prenatal, de lactancia y el reconocimiento de quinquenios, lo que representa una clara vulneración de la legislación laboral boliviana y de convenios internacionales ratificados por el Estado.

La ANPB también alertó sobre prácticas de hostigamiento laboral, ruptura del diálogo, presiones para forzar renuncias y negación del derecho a la organización sindical. Esta situación, señalaron, no solo afecta la estabilidad y la salud de los trabajadores, sino que también pone en riesgo el ejercicio del periodismo independiente y de calidad, indispensable para la vida democrática del país.

“El desconocimiento de derechos fundamentales revela una política empresarial de desprotección, abandono y desprecio hacia quienes sostienen día a día la labor informativa de ese medio de comunicación”, indica el pronunciamiento.

El gremio periodístico exigió al Gobierno nacional el cumplimiento estricto de las leyes laborales vigentes y sanciones a quienes vulneran los derechos de los trabajadores, sin priorizar intereses comerciales con Eduardo Valdivia Zambrana, propietario de Editorial Canelas S.A.

Asimismo, solicitaron a la Defensoría del Pueblo asumir un rol activo en el seguimiento del caso, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, la restitución de su acceso a la seguridad social, el pago inmediato de los salarios adeudados y el cese de toda forma de intimidación y coerción.