Abren caso por ejecuciones en el Hotel Las Américas

Elod Tóásó y Mario Tadic, dos sobrevivientes del operativo en el Hotel Las Américas, informaron este sábado que el Estado boliviano ha abierto una causa en la ciudad de Santa Cruz para investigar, entre otras cosas, las ejecuciones extrajudiciales de los ciudadanos boliviano-húngaros Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi, junto con el ciudadano irlandés Michael Dwyer en abril de 2009.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ambos ciudadanos extranjeros precisaron que también se investigarán las denuncias de tortura a los sobrevivientes y las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de élite de la Policía Boliviana durante el operativo que tuvo lugar en el Hotel Las Américas, el cual posteriormente derivó en el llamado caso de terrorismo.

Elod Tóásó y Mario Tadic tuvieron que negociar con la Fiscalía de La Paz someterse a un procedimiento abreviado ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz donde recibieron la condena de cinco años y diez meses de prisión por la comisión del delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado en grado de complicidad.

Para entonces, ambos habían pasado seis años detenidos en la cárcel y, al haber cumplido sus penas, recuperaron su libertad inmediatamente. Días después, ambos salieron legalmente de Bolivia utilizando el paso fronterizo con Chile, en un operativo que fue conocido a través de fotografías difundidas por ellos mismos en redes sociales.

En abril de 2009, la Policía Boliviana intervino en el Hotel Las Américas y abatió a los tres extranjeros, a quienes acusaron de alzamiento armado, en medio de un complejo escenario político en el que el gobierno se enfrentó a la dirigencia política y a líderes cívicos cruceños, a quienes acusó de ser separatistas en la lucha por las autonomías.

Tras este hecho, el entonces presidente Evo Morales a su llegada a Venezuela dijo que él dio la orden de intervenir el Hotel porque había riesgo para la seguridad interna. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos cometido en ese operativo policial.