La Policía insiste que traslado de Camacho puede causar disturbios

Pese a que la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho ha ratificado que no existe ningún impedimento para su traslado a Santa Cruz, el Gobierno no ha cambiado su postura e insiste en que no hay condiciones para un operativo de esas características.

“Hay que considerar que esta circunstancia podría exacerbar tensiones que existen producto de las actividades políticas que se realizan en el departamento de Santa Cruz”, señaló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

“Esto significa que su traslado podría desencadenar en disturbios y esto además está absolutamente vinculado al rechazo que tienen otros internos de mantener en el penal de Palmasola”, añadió.

Un juzgado de Santa Cruz fijó que la audiencia del caso “decreto 373” comience el 11 de abril. El nuevo plazo se estableció luego que el juzgado modificó la fecha que estaba programada para el 11 de marzo, pero fue suspendida por ausencia del gobernador.

En ese entonces, Régimen Penitenciario no ejecutó su traslado desde el penal de Chonchocoro hasta la capital cruceña tras alegar que no había condiciones para ejecutar el operativo.

El equipo jurídico que defiende al gobernador cruceño aseguró que no hay ningún impedimento para que sea trasladado para la audiencia fijada para el 11 de abril.

Aún no se conoce una postura oficial de Régimen Penitenciario ni del director del penal de Chonchocoro. La Policía espera un pronunciamiento de esas reparticiones, aunque anunció que cumplirá con las disposiciones de las autoridades.

Aguilera argumentó que “podría haber una alteración a la paz social que es necesaria ahora precisamente para garantizar que Bolivia pueda mantenerse en estas vías de desarrollo”.

En ese marco se alineó con el planteamiento del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de que el juez se traslade hasta Chonchocoro para llevar adelante la audiencia desde ese lugar.

Consideró que “este traslado debe ser mitigado con otras formas de atención judicial” y dijo que “el tribunal podría trasladarse hasta Chonchocoro o podríamos habilitar cualquier espacio que permita precisamente una defensa amplia a partir de los elementos que se están sustentando en ese proceso”.

Es decir, ¿hacer cumplir la orden judicial?

Para el Gobierno -según Aguilera- “existen circunstancias vinculadas precisamente a la seguridad que pudiera requerir el señor Camacho”. Citó como ejemplo la protesta que instalaron en puertas de Chonchocoro sectores que piden que permanezca en la cárcel.

“Lo que de alguna manera significa que existe un descontento social por aquellas medidas judiciales”, señaló Aguilera.

En su criterio, “se tienen que considerar no solamente los aspectos inherentes al cumplimiento de la orden judicial, sino otros bienes que están relacionados precisamente a la paz social, a un respeto al estatus de derecho que significa que todos nosotros debemos mantenernos produciendo para que podamos sustentar al país”.