Grupo de Trabajo de la ONU dice que detención de Camacho fue arbitraria y recomienda su “inmediata liberación”

Este viernes, se conoció el documento con las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. El documento califica de arbitraria la detención del excívico cruceño y pide al Gobierno a “remediar la situación”.

El Grupo de Trabajo señaló que se analizó el expediente del caso con las exposiciones de la fuente y del Gobierno, y que su conclusión es que la detención de Camacho “es arbitraria puesto que se violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.

En el detalle, el Grupo de Trabajo también explicó considera “arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones”

Según el documento, la privación de libertad de Camacho es arbitraria, por cuanto contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tras considerar las circunstancias del caso, el Grupo consideró que el “remedio adecuado sería poner a Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

El Grupo también pide al Gobierno de Bolivia que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto”.

Entre las medidas contempla no solo la libertad de Camacho, sino también una indemnización e insta al Estado boliviano a poner en marcha una “investigación independiente” sobre las circunstancias en las que la autoridad cruceña fue privada de su libertad.

“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Camacho y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, señala uno de los puntos de los expertos.

El Grupo de Trabajo remitió el caso a la a Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que tomen las medidas correspondientes.

Finalmente, solicitaron al Gobierno de Bolivia difundir las opiniones del Grupo de Trabajo.

Respecto al procedimiento de seguimiento, el Grupo de Trabajo solicitó a la fuente y al Gobierno información sobre las medidas adoptadas y dificultades que se encuentren para aplicación de las recomendaciones. El plazo para que se brinden estos datos es de seis meses, caso contrario, el Grupo se reserva el derecho de realizar su propio seguimiento.

En tanto, Human Rights Foundation, organización con sede en Nueva York y representante internacional ad honorem de Camacho como parte de su programa de litigio global, señaló que las opiniones del grupo tienen carácter vinculante.

Human Rights Foundation indicó que este lunes brindará una conferencia de prensa junto a la familia del gobernador en la ciudad de La Paz.

Este jueves, el ministro de Justicia, César Siles, adelantó que no están de acuerdo con las opiniones del Grupo y rechazó que éstas sean vinculantes. Afirmó que se pedirá una revisión.