Gobierno “no reconoce ni admite” informe de Grupo de Trabajo de la ONU que señala que la detención de Camacho fue arbitraria

El Gobierno resta valor al informe que califica como arbitraria la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y que fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, asegura que el Estado boliviano no está obligado a acatar las recomendaciones de ese documento.

“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada”, señala una parte del comunicado que difundió el Ministerio de Justicia a través de las redes sociales.

Para el Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es “una instancia de asesoramiento consultivo cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, obligatorio ni pueden sustituir los procedimientos judiciales internos de los Estados”.

Según el Gobierno, respeta la independencia de poderes, y dice que por ello aguardará las resoluciones del Órgano Judicial en el proceso que existe contra Luis Fernando Camacho por la crisis política de Bolivia del 2019.

Además, el Gobierno argumenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluó una solicitud formal de medidas cautelares por supuesta vulneración de derechos de Camacho; sin embargo, rechazó otorgarlas y cerró el expediente por falta de evidencia pertinente y suficiente.

¿Qué dice el informe?

El Grupo de Trabajo señala que se analizó el expediente del caso con las exposiciones de la fuente y del Gobierno, y que su conclusión es que la detención de Camacho “es arbitraria puesto que se violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.

El documento explica que se considera “arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones”

Según el documento, la privación de libertad de Camacho contraviene ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, el Grupo de Trabajo considera que el “remedio adecuado sería poner a Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.

También pide al Gobierno de Bolivia que “adopte las medidas necesarias para remediar la situación” y ponerlas en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto”.

Entre las medidas contempla no solo la libertad de Camacho, sino también una indemnización e insta al Estado boliviano a poner en marcha una “investigación independiente” sobre las circunstancias en las que la autoridad cruceña fue privada de su libertad.