Cuestionan a hijo de ministro de Salud que pasó de CNS a Gestora Pública



El ministro de Justicia, Iván Lima, cuestionó este martes a Édgar Pozo Goytia, hijo del ministro de Salud, Édgar Pozo Valdivia, que pasó de la Caja Nacional de Salud (CNS), en noviembre y antes que concluya el mes renunció y volvió a la Gestora Pública, donde ya trabajaba con anterioridad, y ahora es investigado por su paso en ambas entidades públicas.
“Él (Édgar Pozo Goytia) ha sido abogado de la Gestora y el que sea reincorporado ha debido ser evaluado detenidamente por el director de la Gestora. Es preocupante que antes de aclarar la situación él ya esté trabajando en la Gestora donde recibió estos cuestionamientos”, afirmó Lima en Cadena A.
Este lunes, Lima solicitó explicaciones a su par de Salud porque su hijo recibió su memorándum de designación el 5 de noviembre de 2020 y después de seis días recién presentó su declaración jurada, aspecto que consideró irregular, así como la adquisición de ambulancias de forma directa.
“La CNS tuvo un nivel de ineficiencia muy grande, los últimos tres años no pudo terminar los procesos de contratación para la compra de ambulancias y ahora va a una contratación directa, sin explicación, sin licitación pública y el proceso involucró al hijo del ministro de Salud”, dijo la autoridad según publica Brújula Digital.
Pozo Goytia es observado porque supuestamente, en su calidad de director jurídico de la CNS, fue parte de la compra de ambulancias sin licitación por 50 millones de bolivianos y terrenos en Santa Cruz por 10 millones de bolivianos, sin que observara ambos procedimientos.
Desde la CNS se aclaró que la dirección jurídica no participa en ningún proceso de contratación, en estricto cumplimiento a las normas establecidas, descartando además tráfico de influencias o nepotismo.
Ahora se observa a Pozo Goytia porque volvió a trabajar en la Gestora, donde hay dos procesos de investigación por contratos firmados con empresas de Panamá y Colombia, al parecer para la compra de software, sin que hubiera aclarado las otras presuntas irregularidades.
“Nos ha pedido una ampliación de plazo sin fecha, esto ya no es tolerable”, afirmó Lima al anunciar que “activará todos los mecanismos del Estado, como la Contraloría y Ministerio Público” para acceder a los documentos sobre la adquisición de 59 ambulancias y otros equipos, además del pago de terrenos por 70 millones de bolivianos.