Carmelo: El monopolio que movió millones en Bolivia

El indígena aymara Carmelo Flores convivió con la pobreza hasta el último suspiro de sus 123 años. Huérfano desde niño, Carmelo se dedicó a cuidar ovejas y llamas junto a sus hermanos para subsistir en la comunidad rural de Frasquías, cerca de La Paz. Cocinaba con estiércol de animales, en lugar de leña, y bebía agua de la quebrada que caía de un cerro.

Este hombre, que sólo hablaba lengua aymara, vio interrumpida su calma en 2013, cuando se hizo público que era la persona más longeva del mundo. Un día de septiembre sintió que el viento removía la pajabrava del altiplano: era el helicóptero de Evo Morales. El rostro de Carmelo, ya marcado por las arrugas, quedó frente al presidente de Bolivia: se arrodilló y le pidió una casa y comida para su nieto.

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CARMELO: EL MONOPOLIO QUE MOVIÓ MILLONES EN BOLIVIA

Carmelo murió en julio de 2014 sin saber que su nombre se inmortalizaría en un suplemento nutricional que el Estado reparte a los adultos mayores. El gobierno de Morales, fiel a la historia de Carmelo, garantizó un mecanismo de atención social, pero la provisión del suplemento que lleva su nombre; pronto se convirtió en un negocio millonario en manos de una empresa.

La mayoría de las contrataciones del Estado destinadas a los suplementos Carmelo y Nutribebé, un complemento similar pero destinado a la infancia, fueron otorgadas a la empresa Industria Químico Farmacéutica Sigma Corp, constituida en Cochabamba. La compañía se quedó con el 91% de los contratos públicos para la provisión de estos productos entre 2012 y 2019, un negocio que representa 626 millones de bolivianos.

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CARMELO: EL MONOPOLIO QUE MOVIÓ MILLONES EN BOLIVIA

Sigma Corp fue la única compañía habilitada por el gobierno de Morales para suministrar los suplementos durante los primeros años, situación que consolidó la creación de un monopolio que goza hasta la actualidad de la complicidad estatal por la falta de controles.

Los datos se desprenden de una investigación del periódico boliviano El País, en alianza editorial con CONNECTAS y el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ), que revisó 1.372 contratos públicos firmados en los últimos ocho años por la Caja Nacional de Salud y los municipios de todo el país para la adquisición de estos productos. Más de la mitad de las compras públicas fueron hechas por contrataciones directas y a través de mecanismos de excepción, es decir, sin licitaciones públicas.

Mientras Sigma Corp acumulaba contratos sin competencia, el Estado miraba para otro lado: la Contraloría General del Estado (CGE), en respuesta a una solicitud de información de El País, indicó que hizo una sola supervisión desde que se implementaron los suplementos (Nutribebé en 2008 y Carmelo en 2015). Solo uno de los 166 legisladores nacionales hizo una petición de información al Gobierno, pero la respuesta no la hizo pública. La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) optó por el silencio cuando fue consultada de manera escrita por este periódico.

La sintonía entre Sigma Corp y el Movimiento Al Socialismo (MAS) – matriz del Gobierno de Evo Morales - quedó expuesta como nunca antes por el coronavirus. Como parte de su expansión, la compañía se convirtió en la representante exclusiva para la fabricación y distribución del Avifavir, un medicamento del grupo farmacéutico Chemrar aliado al Fondo Nacional de Inversión de Rusia utilizado para tratar a los infectados con Covid-19. Como el gobierno de Jeanine Áñez no entregaba la habilitación para comercializar el producto en Bolivia, el expresidente Morales se lanzó públicamente con posteos en redes sociales para que no se retrase la autorización y se comercialice el Avifavir en este país.

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