Organizaciones sociales presentan Hoja de Ruta para el acceso a la salud universal y gratuita
Hoy más de una veintena de organizaciones sociales presentaron la Hoja de Ruta para el Acceso a la Salud Universal y Gratuita que fue trabajada y consensuada en un proceso de diálogo multiactor, en el marco del cumplimiento de las convenciones de derechos humanos parte del Sistema Generalizado...



Hoy más de una veintena de organizaciones sociales presentaron la Hoja de Ruta para el Acceso a la Salud Universal y Gratuita que fue trabajada y consensuada en un proceso de diálogo multiactor, en el marco del cumplimiento de las convenciones de derechos humanos parte del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias de la Unión Europea (SGP+), con énfasis en derechos socioeconómicos de las mujeres.
El evento, que contó con la participación de autoridades nacionales, se realizó en el salón Pérez de Olguín del Real Plaza Hotel (ex-Radisson) a las 14.30 y expuso las problemáticas identificadas en materia laboral y de salud, así como las propuestas analizadas por el Consejo Social Nacional de Salud (CSNS), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Sindical Única de Trabajadores de la Goma y la Castaña de Bolivia, la Red Nacional de Mujeres y Minería, la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (FENCOMIN), entre otras, en dialogo con el Ministerio de Salud.
La Hoja de Ruta fija cuatro prioridades en un contexto nacional que demanda propuestas de cambio destinadas a promover el ejercicio efectivo de los derechos socioeconómicos de las mujeres, específicamente la salud de las trabajadoras, así como la implementación de una política de salud que garantice un seguro social a corto plazo. La misma, es un importante insumo para nutrir los encuentros departamentales camino a la Cumbre de Salud anunciada para el mes de Octubre.
Prioridades de la Hoja de Ruta
Implementar la política de salud como un derecho; un Seguro Universal de Salud para mujeres trabajadoras, financiado por el Estado, regulado por el Ministerio de Salud y con servicios de diferentes prestadores como las cajas, instituciones departamentales y municipales debidamente acreditadas. La prestación del sistema de salud no contributivo y del sistema de salud contributivo se basa en el mejoramiento de la calidad de los servicios sin afectar los derechos de los trabajadores activos y pasivos que ya contribuyen al mantenimiento de las Cajas de Salud a través de sus aportes.
Se plantea además incorporar en la política de salud del nivel central, estructuras de diferentes establecimientos conforme la necesidad de cada población.
Las políticas en este ámbito deben también contener criterios de equidad de género y estar dirigidas a priorizar la necesidad de las poblaciones más excluidas (mujeres trabajadoras, sector informal, indígenas, campesinas y mineras). Además, se debe profundizar la descentralización para que el nivel central tenga un rol normativo, regulador, fiscalizador y financiador.
Los servicios deben estar a cargo, a corto plazo, de las gobernaciones, alcaldías y entes gestores de la seguridad social. Se plantea también que las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en la planificación en los distintos niveles, así como ejercer control social.
La prioridad uno está referida a incrementar el presupuesto para salud y mejorar la eficiencia de la inversión en este ámbito. Para esto, se propone un presupuesto sensible a género, que impulse un acceso real y equitativo para las diferentes poblaciones de trabajadoras y que priorice la inversión en programas para mujeres en la castaña, zafra y minería.
A la par, debe haber un mayor porcentaje de recursos para la promoción, prevención y cierre de brechas en infraestructura, tecnología, recursos humanos y medicamentos.
La prioridad dos necesita que se impulsen espacios de diálogo multiactor desde el Estado, dirigidos a la gestión e incremento de fuentes de financiamiento y que el Ministerio de Salud afirme su rol normativo, regulador, fiscalizador y que garantice la trasferencia de los recursos a los entes operativos en salud.
Además, se propone que la política de salud desde el nivel central establezca sistemas de coordinación coherentes entre los diferentes niveles de gobiernos para tener una gestión articulada en la gestión de salud.
La prioridad tres se refiere a institucionalizar el sistema de salud para contribuir al desarrollo del país. Para esto, se necesitan estrategias diferenciadas con enfoque de género e instalar en el imaginario social la garantía de un sistema de salud institucionalizado, transparente y regido por normas respetuosas de los derechos de las personas y especialmente de las mujeres.
En ese sentido, se debe promover una institucionalización basada en la idoneidad profesional, seguridad laboral, respeto a las autonomías, acreditación de los servicios de salud y en la formación de profesionales en salud.
Es necesario que se cumpla lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Autonomías referido a la coordinación con el Ministerio de Educación y las universidades para la formación de profesionales en especialidades que demande la población.
Por último, la cuarta prioridad plantea reconocer y reducir las brechas en equidad de género existentes en el país. El punto de partida es que la se visibilice que hay categorías ocupacionales donde las mujeres trabajadoras reciben ingresos más bajos que los hombres o en muchos casos no tienen seguridad social, como los empleos de tiempo parcial y las ocupaciones del sector informal, específicamente en la producción de la castaña, trabajo de la zafra, y la explotación minera.
Es necesario también incorporar la perspectiva de género en el análisis de la salud e incentivar que las mujeres tengan mayor participación en la fuerza de trabajo remunerada, ocupando puestos de mayor remuneración y prestigio dentro del sector formal, que les garantice un real y legítimo acceso a la salud.
La Hoja de Ruta también visibiliza y valora el rol reproductivo y el trabajo doméstico de las mujeres, y plantea reconocer la distribución inequitativa del rol reproductivo y responsabilidades en el hogar derivan en doble y triple jornada de trabajo, así como impulsar el empoderamiento de las trabajadoras para que se puedan desenvolver mejor en negociaciones y gestiones con empleadores en el mercado laboral.
El evento, que contó con la participación de autoridades nacionales, se realizó en el salón Pérez de Olguín del Real Plaza Hotel (ex-Radisson) a las 14.30 y expuso las problemáticas identificadas en materia laboral y de salud, así como las propuestas analizadas por el Consejo Social Nacional de Salud (CSNS), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Sindical Única de Trabajadores de la Goma y la Castaña de Bolivia, la Red Nacional de Mujeres y Minería, la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia, la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (FENCOMIN), entre otras, en dialogo con el Ministerio de Salud.
La Hoja de Ruta fija cuatro prioridades en un contexto nacional que demanda propuestas de cambio destinadas a promover el ejercicio efectivo de los derechos socioeconómicos de las mujeres, específicamente la salud de las trabajadoras, así como la implementación de una política de salud que garantice un seguro social a corto plazo. La misma, es un importante insumo para nutrir los encuentros departamentales camino a la Cumbre de Salud anunciada para el mes de Octubre.
Prioridades de la Hoja de Ruta
Implementar la política de salud como un derecho; un Seguro Universal de Salud para mujeres trabajadoras, financiado por el Estado, regulado por el Ministerio de Salud y con servicios de diferentes prestadores como las cajas, instituciones departamentales y municipales debidamente acreditadas. La prestación del sistema de salud no contributivo y del sistema de salud contributivo se basa en el mejoramiento de la calidad de los servicios sin afectar los derechos de los trabajadores activos y pasivos que ya contribuyen al mantenimiento de las Cajas de Salud a través de sus aportes.
Se plantea además incorporar en la política de salud del nivel central, estructuras de diferentes establecimientos conforme la necesidad de cada población.
Las políticas en este ámbito deben también contener criterios de equidad de género y estar dirigidas a priorizar la necesidad de las poblaciones más excluidas (mujeres trabajadoras, sector informal, indígenas, campesinas y mineras). Además, se debe profundizar la descentralización para que el nivel central tenga un rol normativo, regulador, fiscalizador y financiador.
Los servicios deben estar a cargo, a corto plazo, de las gobernaciones, alcaldías y entes gestores de la seguridad social. Se plantea también que las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en la planificación en los distintos niveles, así como ejercer control social.
La prioridad uno está referida a incrementar el presupuesto para salud y mejorar la eficiencia de la inversión en este ámbito. Para esto, se propone un presupuesto sensible a género, que impulse un acceso real y equitativo para las diferentes poblaciones de trabajadoras y que priorice la inversión en programas para mujeres en la castaña, zafra y minería.
A la par, debe haber un mayor porcentaje de recursos para la promoción, prevención y cierre de brechas en infraestructura, tecnología, recursos humanos y medicamentos.
La prioridad dos necesita que se impulsen espacios de diálogo multiactor desde el Estado, dirigidos a la gestión e incremento de fuentes de financiamiento y que el Ministerio de Salud afirme su rol normativo, regulador, fiscalizador y que garantice la trasferencia de los recursos a los entes operativos en salud.
Además, se propone que la política de salud desde el nivel central establezca sistemas de coordinación coherentes entre los diferentes niveles de gobiernos para tener una gestión articulada en la gestión de salud.
La prioridad tres se refiere a institucionalizar el sistema de salud para contribuir al desarrollo del país. Para esto, se necesitan estrategias diferenciadas con enfoque de género e instalar en el imaginario social la garantía de un sistema de salud institucionalizado, transparente y regido por normas respetuosas de los derechos de las personas y especialmente de las mujeres.
En ese sentido, se debe promover una institucionalización basada en la idoneidad profesional, seguridad laboral, respeto a las autonomías, acreditación de los servicios de salud y en la formación de profesionales en salud.
Es necesario que se cumpla lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Autonomías referido a la coordinación con el Ministerio de Educación y las universidades para la formación de profesionales en especialidades que demande la población.
Por último, la cuarta prioridad plantea reconocer y reducir las brechas en equidad de género existentes en el país. El punto de partida es que la se visibilice que hay categorías ocupacionales donde las mujeres trabajadoras reciben ingresos más bajos que los hombres o en muchos casos no tienen seguridad social, como los empleos de tiempo parcial y las ocupaciones del sector informal, específicamente en la producción de la castaña, trabajo de la zafra, y la explotación minera.
Es necesario también incorporar la perspectiva de género en el análisis de la salud e incentivar que las mujeres tengan mayor participación en la fuerza de trabajo remunerada, ocupando puestos de mayor remuneración y prestigio dentro del sector formal, que les garantice un real y legítimo acceso a la salud.
La Hoja de Ruta también visibiliza y valora el rol reproductivo y el trabajo doméstico de las mujeres, y plantea reconocer la distribución inequitativa del rol reproductivo y responsabilidades en el hogar derivan en doble y triple jornada de trabajo, así como impulsar el empoderamiento de las trabajadoras para que se puedan desenvolver mejor en negociaciones y gestiones con empleadores en el mercado laboral.