Los tiempos de Del Castillo del Carpio

En el Día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce decidió reafirmar su autoridad y no hizo ningún cambio en el gabinete de ministros pese a las presiones que le llegaron desde los dos frentes más numerosos que ahora mismo pugnan la interna en el Movimiento Al Socialismo: el Evismo, en el que él mismo se adscribe, y el bloque más indigenista, en el que se reconoce básicamente a David Choquehuanca como “faro”.

Las exigencias no fueron menores. El propio Evo Morales, en reunión con los cocaleros del Chapare, que son los que más defienden la necesidad de contar con la vieja guardia pretoriana del expresidente, pidió renovar al 50 por ciento de los ministros por no ser políticos y sí técnicos; mientras, el Pacto de Unidad más indigenista, también puso en el foco a media docena de los ministros, aunque en este caso los más expuestos a la gestión política.

Arce cerró una discusión aplazando su decisión tal y como hizo en noviembre, cuando cumplía su primer año de gobierno y a los movimientos sociales les pareció un momento oportuno para hacer cambios, algo que tampoco concedió.

De entre todos, el más señalado fue el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo del Carpio, el joven licenciado en leyes del que ya nadie quiere hacerse cargo.

Solo cinco días más tarde, su ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la única ministra política que depende directamente de Arce, volvía reabrir el debate del relevo en el gabinete.

Terremoto Dávila

Entre un día y otro ha pasado un terremoto, como en otros tiempos: la DEA ha señalado y el Ministerio de Gobierno ha actuado sin dilación. Maximiliano Dávila, ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) era detenido en la frontera de Villazón intentando pasar a la Argentina.

El demonio, en cualquier caso, está en los detalles. La información venía publicándose a cuenta gotas desde que se apresara a Techo e Paja en Perú y a Omar Rojas en Bogotá a principios de enero. Era cuestión de tiempo que aparecieran más nombres en Bolivia, sobre todo cuando se sospecha que detrás de todo está la colaboración del exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, detenido por corrupción entre particulares en Estados Unidos y dispuesto a negociar los términos de su detención a cambio de “colaboración”.

Según el informe, Dávila ofrecía seguridad a los grupos de narcotráfico que operaban en el país y todavía se investiga si lo hacía a título de “consultor externo” o como miembro de la organización. Entre una y otra cosa hay varios años de prisión. En cualquier caso, la detención en Bolivia es por Enriquecimiento Ilícito y blanqueo de capitales, un delito en cualquier caso mucho menor y que, más allá del enojo de Dávila, puede suponerle un salvoconducto cómodo para evitar la extradición.

En cualquier caso, a Dávila no le ha gustado nada su detención y no ha dudado en jugar sus cartas. El informe de la DEA habla de ilícitos entre julio de 2019 y el primer semestre de 2020, es decir, a caballo entre dos gobiernos con distintas legitimidades y donde precisamente la institución verdeolivo jugó un papel esencial.

En el medio de ese periodo, Dávila tiene colgado en su Facebook una foto celebrando el cumpleaños de Evo Morales, al lado del comandante de la Policía de aquel entonces Vladimir Calderón, clave en la caída del gobierno. Era 26 de octubre, y las protestas ya habían empezado. La misma foto era su salvoconducto a cualquier lado.

En su ingreso a prisión Dávila acusó directamente a Del Castillo del Carpio, el ministro más cuestionado por los dos bandos del MAS, de haber violado la norma para tratar de involucrar a Evo Morales, que es donde en realidad se dirigen todas las miradas.

¿Pero quién es Del Castillo del Carpio?

Eduardo del Castillo del Carpio fue una de las sorpresas de Luis Arce en la confección de su primer gabinete de Ministros. Más al ver destinado a un treintañero sin experiencia en la gestión al problemático Ministerio de Gobierno, donde se debían ajustar cuentas sobre todo lo sucedido en octubre y noviembre de 2019, donde la institución policial y su motín cochabambino fue clave para precipitar la caída de Evo Morales.

Del Castillo del Carpio era, en todo caso, un cuadro medio con un tremendo equipo de comunicación, que lo mantiene, y que no ha parado de crecer desde que entró en contacto con los altos mandos.

Del Castillo del Carpio, más allá de sus apellidos, supo interpretar el curso del poder y no tardó en enrolarse en cualquier movimiento, bloque o iniciativa que le diera visibilidad, de la Generación Evo a la Columna Sur. Cualquiera era bueno, aunque tuvo que acomodar sus ideas más académicas del marxismo y el Estado a la realidad masista.

Sea él, sea su equipo, el olfato político no le ha faltado. No tardó en acomodarse en el Senado y convertirse en mano derecha de Adriana Salvatierra por delegación de Álvaro García Linera. Entró al grupo de oro pero sin demasiadas deudas por pagar. Su nombre se aireó en aquel pulso que protagonizaron Salvatierra y Eva Copa a cuenta de las pegas y los amantes, donde se llegaron a mentar los tractores. Fue la primera vez que salió de las tinieblas, pero no iba a ser la última, al contario.

Su corta gestión como Ministro puede caracterizarse por muchas cosas, pero desde luego, no por no haber buscado el impacto mediático permanente en todo lo que ha hecho. Hasta se reunió con “chuñoman” y lo colgó en sus redes, pues es de los pocos ministros que las mueve tácticamente. No hay polémica en la que no aparezca y, por supuesto, es uno de los fijos en el apuntalamiento de la teoría del Golpe de Estado: suyo fue el operativo que acabó por aprehender a Jeanine Áñez y sus ministros benianos que es considerada una de las exigencias de las bases que cumplió.

Por aquello y por otros operativos posteriores, así como sus propios amarres con la Policía, ha hecho sospechar a las más altas cotas del gobierno y del partido sobre su lealtad real. Algunos de los que conocen de tiempo a Del Castillo del Carpio advierten que tiene una particular interpretación del poder y la suficiente ambición para medrar, y lo cierto es que a la fecha, tiene más poder sobre el terreno que su mentor, Álvaro García Linera, y que es incluso capaz de poner contra las cuerdas a Evo Morales.

Los ausentes presentes

En todo este escándalo, dos silencios llaman poderosamente la atención.

El primero es Carlos Romero, el ministro de Gobierno de más larga duración en el gabinete de Evo Morales, del que entró y salió en función de sus apetencias políticas. Por ejemplo, quiso ser presidente del Senado y ganó su curul por Santa Cruz, cuando no le eligieron renunció y volvió al Ministerio después de una jugada a su sucesor, Hugo Móldiz, de las que hacen historia.

Romero entró al fondo de las relaciones policiales, conocía la forma de actuar, sus pasiones y sus debilidades, y una de sus manos derechas fue precisamente Maximiliano Dávila, jefe de inteligencia entre otros cargos. A Romero se le vio por última vez en el cargo en noviembre de 2019 rezando tomado de las manos con el comandante policial Vladimir Calderón, que para entonces ya había amotinado a toda la Policía precipitando la caída de Morales.

El otro es Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante 14 años; el zar antidroga que multiplicó su patrimonio casi por diez y acabó pidiendo refugio en Nicaragua y no en México como los demás – Romero fue de los pocos que se quedaron en el país y fue detenido – y del que nada se sabe hasta el día de hoy.

SI lo de Del Castillo Del Carpio ha sido una ocurrencia, una maniobra arriesgada o una estrategia finamente calculada es algo que pondrá en su lugar el tiempo, mientras tanto, el cronómetro está puesto de nuevo para un cambio de gabinete en el que ya la cabeza del Ministro de Gobierno no cae tan pesada.

La rueda chapaca de la justicia

Uno de los grandes temas ausentes en el discurso de Luis Arce por el Día del Estado Plurinacional fue precisamente el de la reforma de la Justicia, una reforma que cuenta con todo el acuerdo político sobre su necesidad y absolutamente ninguno en la forma concreta, pero ya es algo.

Después del discurso y solo en una semana, los movimientos judiciales han sido los siguientes:

Imputación formal al alcalde de Tarija Johnny Torres, al Gobernador de Tarija Óscar Montes y al presidente del Comité Cívico Departamental Adrián Ávila Resse por “incitación a delinquir” durante la movilización cívica de noviembre de 2021, convocada a nivel nacional contra la Ley de Ganancias Ilícitas que, efectivamente, fue retirada por el Gobierno tomando en cuenta las recomendaciones populares, es decir, que las protestas le hicieron un bien al país porque el Gobierno consideró que era mejor retirar.

Imputación formal contra el exalcalde de Tarija Rodrigo Paz Pereira y sus concejales por la aprobación de la construcción del puente 4 de Julio, un puente carísimo que no había sido apenas citado en campaña pero que les pareció buena idea colocarlo pese a que los recursos se recortaban.

Sentencia en primera instancia contra el ex gobernador Adrián Oliva por la supervisora del Hospital Materno Infantil, un caso de una rescisión ni bien empezó la gestión y que llega seis años después, y abanderada por el exfiscal departamental Gilbert Muñoz, cuyo nombre, por cierto, volvió a la primera plana estas semanas como aspirante a dirigir el Consejo de la Magistratura en Tarija, cargo del que acaba de salir Sandra Gutiérrez, que es Fiscal Departamental.

Gilbert Muñoz dejó el cargo hace muchos meses, por el medio pasaron varios. El último fue Wilson Tito, un abogado con trayectoria política de peso dentro del MAS, tanto en la Asamblea como en el despacho de Lino Condori. Renunció al cargo denunciando presiones políticas para imputar a autoridades y cívicos. El Fiscal General Juan Lanchipa se hizo el loco y posesionó a Gutiérrez. La rueda sigue girando.