Todos los relatos conducen al juicio (de responsabilidades)

Una vez reposado, el informe del Grupo de Expertos Internacionales (GIEI) sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia ha roto el monotema que venía marcando la actualidad política entre los que hablan de fraude y los que hablan de golpe. Ya hay una base para avanzar en la restauración de la justicia, que se entiende como un paso clave para la reconciliación nacional.

El mismo Luis Almagro, secretario General de la OEA, ha propuesto el paso siguiente: un Juicio en instancias internacionales. Almagro fue pieza fundamental en todos los sucesos de aquella elección, tanto avalando primero la reelección de Evo Morales en mayo de 2019 en aquella fiesta en el Chapare como después, arrojando el resultado preliminar de la auditoría unas horas después del motín policial en noviembre, aunque al final de la pulseada quedó retratado del lado de Áñez, aunque después haya querido recoger cable tras la victoria de Luis Arce.

La propuesta de Almagro viene algo así como a empatar la pulseada, porque los hechos no acaban de encuadrar del todo en la Corte Penal Internacional, sobre todo si primero no se ventilan en el propio país, para lo cual, como ya es evidente, se requiere un Juicio de Responsabilidades que debe abrir la Asamblea Plurinacional.

¿Quién quiere y quién no quiere el juicio?

Salvo algún que otro analista de parte, la mayoría coincide en que la polarización golpe – fraude le conviene, esencialmente, a Carlos Mesa, pues le permite mantenerse vigente aferrado a un momento feliz del pasado, el de la elección contra Evo Morales en 2019, y pasar de puntillas sobre su flagrante derrota de 2020 o la desastrosa gestión de Jeanine Áñez y su equipo. La convicción es mayor hoy después de que corriera el video con las palabras de su vocera hablando de afinidades con el MAS.

Los números han convertido a Comunidad Ciudadana en irrelevante en tanto que el MAS suma los dos tercios con Creemos, pero además, la cohesión de la bancada es absolutamente frágil, por lo que los jefes de Comunidad Ciudadana calculan muy al milímetro su posición respecto al flirteo que ya ha empezado el Ministro de Justicia, Iván Lima, quien ya ha explicado por qué es necesario iniciar ese proceso.

El MAS pierde en la polarización, como evidencian los resultados de 2019 y de 2020, con casi diez puntos de diferencia entre lo que sacó Morales en plena deflagración y lo que sacó Arce después de solo 11 meses de praxis de lo que la derecha podía hacer con el país.

Aún así, el MAS no tiene dudas en que necesita un Juicio de Responsabilidades si quiere condenar legalmente a Jeanine Áñez y sus ministros sin más velos de abusos de poder ni de manipulación de la Justicia. Eso sí, ni los más optimistas de la oposición conciben la posibilidad de sentar a Evo Morales en el banquillo.

Un enfoque complejo

Jeanine Áñez no tiene partido ni ningún defensor destacado, más allá de los intereses efímeros y coyunturales de los actores vigentes de la oposición. Ni Carlos Mesa ni Luis Fernando Camacho, pero tampoco sus aliados Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga hicieron mucho más que protestar formalmente los primeros días de su detención, en marzo, hasta que pasaron a lo siguiente.

Su mejor adalid era Erik Foronda, agente confeso de la CIA y que retornó a Washington poco antes de las elecciones de 2020 luego de haber ejercido de secretario privado de Áñez, en los momentos más crudos de su gestión. Con la caída de Trump, Foronda se quedó sin mucho piso e incluso su cuate Arturo Murillo cayó por corrupción común en Estados Unidos, aunque sus buenos contactos le han permitido alcanzar un acuerdo para estar libre bajo fianza, a saber a cambio de qué.

Los más intrépidos analistas internacionales señalan que la administración Arce y la Biden están retomando contactos y que el tema Áñez está en la agenda, pero que la detención de Murillo no logró ningún cambio en la situación de la expresidenta y que por eso ha quedado libre. Estar en la agenda de Biden es seguramente su única baza, porque Áñez, evidentemente, no quiere un juicio de responsabilidades.

Por su parte, Comunidad Ciudadana tiene básicamente miedo de ver su bancada hecha jirones ni bien empieza la legislatura. Varios diputados ya han dado muestras de “vulnerabilidad”, como Edwin Rosas, y otros pueden ser comprados, neutralizando así toda la función de oposición de Mesa, que pasaría a ser inútil. En esas, CC tendrá que establecer un relato que le permita apoyar el juicio de responsabilidades a Áñez bajo la premisa de “llegar al fondo de la verdad” o ensayando algún tipo de alineamiento con las víctimas. Con las últimas declaraciones de una Andrea Barrientos en horas bajas tendrá además que reflexionar muy bien sus argumentos ante la efervescencia de la derecha más doctrinaria que la rechaza.

Mientras tanto, Creemos vive por y para Santa Cruz mientras que Luis Fernando Camacho sigue siendo el “héroe” de la caída de Evo Morales mientras la Fiscalía no se atreve a citarlo a declarar en el “caso golpe”, que está caído.

En la agenda de Creemos para Santa Cruz hay asuntos que requieren cambios constitucionales, como los asuntos de la tierra, la profundidad del Pacto Fiscal y cualquier otro que tenga que ver con incrementar los niveles de autogobierno pueden ser negociables, ya que tampoco le asusta un juicio de responsabilidades que no le compromete y que puede acabar reponiendo posiciones e ir más al fondo en los conceptos. Camacho es sobre todo camba, pero también goza de las simpatías de la ultraderecha, que aspira a crecer en el país, pero para lo que necesita despojarse de las etiquetas regionales.

Las espadas están en todo lo alto, pero el juicio parece ser hoy más inevitable que nunca.