La Justicia europea revisará el acuerdo UE–Mercosur y podría retrasarlo hasta dos años

El Parlamento Europeo decidió paralizar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, una medida que podría retrasar su entrada en vigor hasta dos años.

La Eurocámara aprobó este miércoles, por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, una moción que solicita a la justicia europea revisar la legalidad del pacto firmado el sábado pasado entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), tras más de 26 años de negociaciones.

Con esta decisión, el acuerdo queda en suspenso hasta que el TJUE emita su dictamen. Según antecedentes del propio tribunal, este tipo de opiniones suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque la corte tiene la facultad de acelerar los plazos si lo considera necesario.

Entre los principales cuestionamientos figura la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el tratado, que algunos eurodiputados consideran una posible amenaza a la autonomía regulatoria de la Unión Europea. También genera controversia la base jurídica elegida para su ratificación, que permitiría aprobar los capítulos comerciales sin la intervención de los parlamentos nacionales.

La decisión fue respaldada por sectores de la derecha radical, la izquierda y los verdes, y se produjo pese a las advertencias de distintas voces parlamentarias que alertaron sobre el impacto geopolítico de retrasar el acuerdo, especialmente en un contexto de tensiones comerciales globales y amenazas arancelarias de Estados Unidos.

El acuerdo UE–Mercosur, firmado recientemente en Paraguay, busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un volumen económico estimado en 19 billones de euros, y contempla la reducción o eliminación progresiva de aranceles para el 90% del comercio bilateral. Sin embargo, ha enfrentado una fuerte oposición del sector agropecuario europeo.

Tras la firma, se abrió el proceso de ratificación parlamentaria. La Comisión Europea había planteado una estructura jurídica que permitía una entrada en vigor más rápida de la parte comercial, al tratarse de una competencia exclusiva de la UE, que solo requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. La decisión de remitir el texto al TJUE frena ahora ese calendario.