Trump endurece su ofensiva contra los impuestos digitales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes 26 de junio con imponer un arancel del 100% a todos los productos de cualquier país que aplique un impuesto sobre los servicios digitales a las empresas estadounidenses, una advertencia que avivó las tensiones comerciales transatlánticas y a la que la Unión Europea (UE) contestó de inmediato, con la promesa de reaccionar "con rapidez y firmeza".

"Numerosos países europeos han estado discutiendo la inminente implantación de un impuesto sobre servicios digitales para las empresas estadounidenses", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

"Por favor, que esta declaración sirva para representar que cualquier país que imponga dicho impuesto será inmediatamente sancionado con un arancel del 100% sobre cualquier mercancía enviada a los Estados Unidos de América", agregó.

El mandatario norteamericano precisó que el nuevo gravamen prevalecería sobre cualquier acuerdo comercial vigente con Estados Unidos, "ya sea implementado, firmado o no", y que se aplicaría de forma inmediata.

La advertencia llegó un día después de que los países de la UE cumplieran con el plazo del 4 de julio fijado por Trump para reducir los aranceles a los productos estadounidenses.

El bloque aprobó el jueves 25 de junio el pacto comercial por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses ingresen al mercado único libres de aranceles, a cambio de un techo del 15% para las exportaciones europeas.

El acuerdo, negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debería entrar en vigor antes de esa fecha.

Desde Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea sostuvo que las medidas unilaterales contra impuestos a multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon "carecen de justificación".

"Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y firmeza para defender sus derechos y su autonomía normativa", indicó.

El vocero subrayó que la Unión Europea y sus Estados miembros tienen "el derecho soberano de regular las actividades económicas en su territorio" y defendió que todos los impuestos son "por su propia naturaleza no discriminatorios", ya que se aplican por igual a todas las grandes empresas con independencia de su origen.