Paz, el dólar, el diésel y el desembarco final del FMI

Se podría afirmar sin arriesgar mucho que el Gobierno iba firmando su mejor semana de los últimos seis meses. La suya. El crédito del FMI cruzó la Asamblea a paso de vencedores, el Estado de Excepción fue ampliado hasta diciembre por dos tercios, el dólar oficial bajó. Además, Camacho marchó al Paraguay; impulsó una suerte de “fracking ligth” en el pozo Montecristo que le permite volver a hablar de “futuro prometedor” y hasta de “mar de gas”; se rodeó de los alcaldes para ser aplaudido en Cochabamba y Santa Cruz, donde prometió inversiones de 14.000 y 17.000 millones de bolivianos respectivamente, e incluso el caso “Cerimedo – Beller” ha desaparecido de los “grandes medios nacionales” más allá de las notas de coyuntura sobre las actuaciones de la fiscalía o las declaraciones de Nadia Beller.

Hasta que el viernes, de nuevo al filo de la medianoche, aunque más puntual que de costumbre, el presidente Rodrigo Paz, esta vez sin acompañantes, anunció la retirada total de la subvención al diésel y todo cobró sentido.

Hace solo un mes había decretado la retirada para los grandes consumidores, que incluía a los grandes (y también medianos y pequeños) productores, a los mineros, a los grandes contribuyentes tipo Paceña y a las Entidades Territoriales Autónomas. En Santa Cruz, que tantas veces lo habían exigido, rechazaron la medida porque seguía siendo desigual. Desde el viernes ya es para todos.

Retirada total El Gobierno comprometió ante el FMI que no habrá ninguna partida de subvención al combustible en el PGE 2027

La promesa al FMI es que no habrá recursos en el Presupuesto General del Estado de 2027 para ninguna subvención a los combustibles – aunque del GLP ya hablaremos, dijo el Viceministro del Tesoro -. La aceleración con el diésel a las puertas de octubre, una vez supuestamente blindados con el Estado de Excepción, es algo así como una ofrenda para que el directorio del Fondo dirigido por Kristalina Georgieva complete el trámite más rápido y entregue los recursos, porque la emergencia aprieta.

Los rumores de la retirada total corrían desde el martes, la “artificial” caída del dólar a por debajo de 10 bolivianos según el Banco Central de Bolivia (BCB) que no fue acompañada por el mercado paralelo fue una suerte de confirmación. El viernes, con el dólar a 10,01 se calculó el precio “libre” del diésel a 17,95, como cuando las cadenas de grandes almacenes ponen sus rebajas de invierno. En la tarde ya se fijó a 11 para los tres días siguientes. Y veremos el lunes.

De momento los choferes se han atrincherado y piden nivelaciones de casi el 100% y los consumidores se lanzaron a los mercados mientras los gremiales, especialmente los comerciantes de abarrotes, bajaban la persiana para hacer cálculos de a cuánto tenían que vender el fideo, el arroz y el laterío para no palmar en la siguiente importación.

A medida que se vayan reabriendo las puertas y acomodando realidades se podrá tener un escenario más claro de lo que viene. Por el momento solo los transportistas – que manejan su propia lógica sectorial distinta a las luchas colectivas populares – se han pronunciado. Campesinos, obreros, Fedjuves, etc., también están a la espera.

El cálculo político

Los dos jefes de las dos grandes bancadas de la Asamblea Plurinacional, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, han criticado las formas y han acusado al presidente de hacer las cosas tarde y mal sobre todo en lo que se refiere a medidas de contención para los más vulnerables o el efecto del transporte, sin embargo, ambas bancadas – incluso diputados que habían sido críticos públicamente – han apoyado las medidas clave en la Asamblea, que han sido aprobadas por dos tercios.

Aprobar el Estado de Excepción pateó la posibilidad del referéndum constitucional – que con seguridad se convertiría en plebiscitario – hasta finales de 2027. Doria Medina lo había concedido, Tuto lo había exigido. En principio se entiende que ambos han “cedido” al plan del Gobierno, que en realidad es una especie de ofensiva a todo o nada: Paz está tomando las medidas que prometió no tomar en campaña y que pocos tomarían salvo situación desesperada.

Las medidas y las promesas

Tuto y Samuel también han concentrado críticas en las medidas de apoyo.  En Libre hace tiempo han planteado la necesidad de sostener el transporte mientras que Doria Medina habla de los más vulnerables.

Paz Pereira anunció, además de algunos montos para créditos en un momento en el que el Ministerio de Economía y el banco Central están retirando liquidez del mercado, dos medidas concretas en forma de bono.

El primero fue el incremento del bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos, sin embargo, fue una medida ya prometida en 2025 y por un monto casi imperceptible si se mide en litros de diésel (15).

El otro fue la segunda versión del “bono Pepe” que más allá de las distorsiones – Paz habló de 2,9 millones de beneficiarios por un monto de 874 millones, que da unos 300, pero el decreto habla de 750 bolivianos a cobrar en tres partes iguales cada dos meses – supone un monto ínfimo si se compara con los propios datos de la subvención que dio Paz: 55 millones de dólares a la semana.

También hay algunas observaciones de por qué se ha empezado retirando la subvención al combustible que se usa para trabajar y no al de los vehículos particulares y un segundo misterio relacionado a la actividad de las refinerías, que volverán a operar al 100% sin que nadie expliqué por qué, en los dos años delicados que se vienen atravesando, no lo hacían.