Piden devolver a Milagro Sala a prisión domiciliaria

La líder social Milagro Sala sigue tras las rejas en el penal federal General Güemes de la provincia de Salta, pese a un dictamen de la Corte Suprema de Justicia argentina que establece devolverla a prisión domiciliaria.

Comunicado
En un nuevo comunicado, el comité por la libertad de la dirigente del grupo Tupac Amaru, mostró preocupación porque Sala lleva nueve días en ese centro y hasta ahora no se escuchó el pedido de la Corte que ordena a la justicia de la provincia de Jujuy cumplir de forma cabal y urgente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

‘Mientras que en declaraciones públicas el juez Pablo Pullen aseguró no haber sido notificado de la decisión del máximo órgano de Justicia Nacional, la secretaria de la doctora Clara Aurora Langhe de Falcone, Cristina Tolosa, recibió la notificación de la Corte de forma electrónica el martes pasado’, señala el texto.

Asimismo, puntualiza, el juez agregó que ‘quizá no esté a la altura del texto de la Corte y mi capacidad de entendimiento sea limitada, espero que el Superior Tribunal de Justicia logre desentramar eso y me ordene la medida que debo tomar’.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de Milagro, no existe Estado de Derecho en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales es dueño de la justicia y la usa para perseguir a su oposición política, ‘y se debe cumplir con los dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de forma inmediata’.

Tras ser hallada inconsciente en la casa donde cumplía prisión domiciliaria, la líder social argentina fue trasladada a un hospital el 31 de julio pasado y al salir de allí, unos días después, el 7 de agosto, fue ubicada en el Complejo Penitenciario Federal de Salta.
Sala fue encarcelada en enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Morales en el sistema y programa de cooperativas.

A esa causa le añadieron durante los meses siguientes otras como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas y también se le acusa de ser autora de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Asimismo, se le imputó en otro expediente como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.