Una vejez que Bolivia no quiere mirar
El 82% de los adultos mayores depende de una Renta Dignidad de Bs 500. Mientras el país discute ajustes, déficit y nuevas fuentes de financiamiento, una parte creciente de su población enfrenta la vejez con ingresos que pierden valor cada año
Hay cifras que deberían obligar a detener cualquier discusión política y mirar de frente la realidad. Que el 82% de los adultos mayores de Bolivia sobreviva con Bs 500 de Renta Dignidad – después de un incremento que la “flotación del dólar” se comió - es una de ellas.
Son aproximadamente 1,2 millones de personas mayores en el país. De ellas, la inmensa mayoría depende de un ingreso que no solo resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, sino que además ha perdido sistemáticamente poder adquisitivo frente a la inflación.
Y hay algo todavía más duro: el 67% de nuestros adultos mayores es jefe de hogar.
Es decir, no estamos hablando únicamente de personas que reciben una ayuda complementaria para sus gastos personales. Estamos hablando de hombres y mujeres que, a pesar de su edad, continúan sosteniendo familias.
Muchos siguen trabajando porque no tienen otra alternativa. En las ciudades, en el comercio informal; en las comunidades rurales, en la agricultura y la ganadería. No necesariamente porque quieran prolongar indefinidamente su vida laboral, sino porque Bs 500 no alcanzan para vivir dignamente.
Esto debería interpelar especialmente a un Gobierno que llegó al poder prometiendo transformaciones profundas.
La Renta Dignidad de Bs 500 no es solamente pequeña. Es un ingreso que no está indexado de manera automática a la inflación y, por tanto, pierde valor real con el paso del tiempo. La promesa electoral de elevarla hasta Bs 2.000 terminó primero matizada a Bs 500, que tras la subida del combustible y la liberación del dólar, quedó incluso reducido.
Una sociedad que abandona a sus mayores está renunciando a su propia dignidad, y un Estado que no los ve está planificando un futuro que tampoco sabe mirar
Las promesas pueden corregirse cuando cambia la realidad económica. Lo que no puede corregirse es la indiferencia. Porque Bolivia está envejeciendo. Y este dato debería formar parte de cualquier planificación económica seria. No podemos seguir diseñando políticas públicas como si la estructura demográfica del país fuera a permanecer congelada. Cada vez habrá más personas mayores y, si no construimos ahora sistemas sostenibles de protección, salud, cuidados y pensiones, el problema será mucho más grande dentro de diez o veinte años.
Hay además una segunda realidad que debería cuestionarnos como sociedad: cuando las familias desaparecen, muchas veces es la Iglesia la que termina ocupando el lugar que corresponde al Estado.
Los hogares de acogida enfrentan aumentos en alimentos, medicamentos, pañales, personal y servicios básicos. Algunos están en riesgo de cerrar. Otros ya han reducido su capacidad. En esos centros viven personas que, en muchos casos, no tienen a nadie más, y es gracias a la Iglesia que logran sobrevivir.
Cáritas señala que el 80% de los beneficiarios de su campaña no cuenta con acompañamiento familiar y que el 74% presenta algún nivel de dependencia. No son números. Son personas que necesitan cuidados.
El Estado no puede aparecer únicamente cuando hay que cobrar impuestos, regular mercados o anunciar grandes proyectos. También tiene que estar cuando un anciano necesita medicamentos, comida, pañales o simplemente alguien que lo cuide.
Y aquí corresponde hacer una advertencia más amplia.
En medio de la crisis económica, las decisiones de ajuste pueden ser inevitables. Reducir gastos superfluos, ordenar las cuentas públicas y eliminar privilegios puede ser incluso urgente. Pero cualquier programa económico que no distinga entre quien puede soportar el ajuste y quien apenas consigue sobrevivir termina siendo profundamente injusto. La austeridad no puede convertirse en abandono.
El Gobierno debe revisar urgentemente la política de la Renta Dignidad, establecer mecanismos que eviten su deterioro frente a la inflación y construir un verdadero sistema nacional de cuidados para las personas mayores. También debe asumir su responsabilidad en el sostenimiento de los hogares de acogida, especialmente cuando atienden a ciudadanos sin familia o en situación de dependencia.
Y debe hacerlo con una mirada de largo plazo, porque la vejez no es un problema de otros. Es el futuro de todos. Los adultos mayores de hoy construyeron carreteras, sembraron campos, levantaron empresas, educaron hijos y sostuvieron este país en épocas mucho más difíciles. Ahora Bolivia tiene la obligación de devolverles algo más que Bs 500 al mes.
