La democracia, la plata y la legalidad de Ávila
Las decisiones del Tribunal Electoral, cuestionado la constitucionalidad de su presidente, amenazan desde hace meses la convivencia democrática
La única forma de resolver un conflicto democrático es con más democracia, y si el resultado de una elección no es claro, no da garantías o no da legitimidad, que al final es de eso de lo que va esto de la democracia, la salida honorable es repetir las elecciones. Eso es la política.
La otra salida pasa por aferrarse a la letra muerta de una Ley que no satisface a nadie, que ya ha sido centro de polémicas y que el propio Tribunal que la aplica – a veces con discrecionalidad, a veces con rigidez – ha dicho que hay que cambiar.
El asunto de la elección departamental en La Paz parece cerrado por la incomparecencia del partido – no del candidato -, que calificó a la segunda vuelta, en lo que tiene toda pinta de ser un fraude de ley, pues ejemplos de “taxi partidos” que llevan a candidatos al poder y que son desconocidos de inmediato – el último el PDC – abundan a raudales.
¿Qué pasaría si Luis Revilla – que no sumó el 50% de los votos válidos ni el 40% más 10% de distancia, que es lo que dice la norma que se debe sumar, en primera o en segunda - también decidiera renunciar a la segunda vuelta?
Probablemente habría elecciones de nuevo. O quizá no. Quién sabe. Habría que ver qué interpretación le daría este Tribunal Supremo Electoral (TSE), más dispuesto que nunca a jugar con fuego, y que ayer mismo volvió a dar muestras de sus incoherencias: rechazó todas las apelaciones y anunció un proceso para quitar la sigla a Nueva Generación Patriótica (NGP) “por no haber participado en dos elecciones consecutivas”, a pesar de que todo el país ha visto participar a NGP en las elecciones autonómicas más allá de La Paz.
El colofón ha sido cuestionar si es preciso realizar una segunda vuelta en Santa Cruz “que cuesta 80 millones de bolivianos”. El encuadre es de alto riesgo, pero el debate está lanzado. Seguramente pronto alguien cuestionará para qué se eligen legisladores, y luego gobernadores, con lo bien que se vivía con Prefectos designados.
Y es que el TSE, entre inhabilitaciones extemporáneas, sustituciones al límite, cancelaciones de sigla sin ninguna lógica temporal, decisiones diferentes sobre asuntos similares, etc., sigue siendo centro de polémica, pero en particular su presidente, Gustavo Ávila, nudo gordiano y solución de continuidad sin apenas aspavientos entre “la era de Luis Arce” y la nueva “era de Rodrigo Paz Pereira”, y cuya constitucionalidad está en discusión.
El primero, Luis Arce, lo nombró pateando la CPE, que establece mandatos de seis años inviolables desde el momento del nombramiento, sea por el legislativo o por el presidente, un fundamento que tiene que ver precisamente con garantizar la independencia de poderes. El periodo lo inició Salvador Romero posesionado por Jeanine Áñez en diciembre de 2019. Romero renunció y Arce lo sustituyó por Dina Chuquimia en abril de 2021, pero en 2024 el mismo Arce volvió a nombrar a su vocal, esta vez a Ávila, con el DS 5141, que reemplazó a Chuquimia, quien por su lado acudió al Tribunal Constitucional, justamente ese Tribunal que sabía mucho de auto prórrogas. Nunca resolvió.
El segundo, Rodrigo Paz, lo “ratificó”, literalmente, con el decreto 5545 del 10 de febrero, en plenas fiestas de comadres y de todo el maremágnum de inhabilitaciones. Entre las funciones dispuestas para el presidente no está “ratificar”, pero se solventó un trámite que tiene mucho más fondo del que parece.
Si el mandato del vocal Presidencial inició en diciembre de 2019 y los reemplazantes por decreto solo tenían mandato para continuarlo, Ávila debería haber dejado el cargo en diciembre de 2025 y Paz Pereira, en todo caso, debería haberlo nombrado de nuevo, no ratificado, por mucho ruido que hubiera causado elegir al mismo vocal que Luis Arce.
La otra alternativa, que es pensar que el presidente puede cambiar a su antojo al vocal y que cada vez que esto sucede nace un nuevo periodo de seis años es, como mínimo, difícil de encajar en la normativa.
De momento el asunto queda en manos de los que controlan la Gaceta Oficial del Estado, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional está sin quórum y a nadie parece importarle demasiado.
Mientras tanto, la democracia boliviana sigue coqueteando con los autoritarismos, perdiendo credibilidad, reforzando la desafección y dando demasiado espacio a los monstruos.
La Asamblea debe actuar.
