La salud también se educa
Las familias tienen un papel insustituible, por supuesto, pero también viven inmersas en un entorno que empuja constantemente hacia los malos hábitos
Combatir la obesidad infantil exige mucho más que recomendaciones individuales. Requiere una política pública sostenida, escuelas comprometidas y familias acompañadas para construir hábitos saludables desde los primeros años de vida.
Durante décadas, Bolivia luchó contra la desnutrición infantil como uno de sus principales desafíos sanitarios. Ese problema no ha desaparecido, especialmente en las regiones más vulnerables, pero hoy convive con una amenaza distinta y, en muchos casos, más silenciosa: el exceso de peso. El reciente informe de UNICEF confirma una realidad que debería encender todas las alarmas. Por primera vez, la obesidad afecta a más niños y adolescentes que el bajo peso. Tarija, además, figura entre las regiones con mayores índices del país.
La obesidad infantil no es únicamente un problema familiar: es un desafío de salud pública que exige políticas sostenidas, escuelas comprometidas y entornos que hagan de la alimentación saludable la opción más fácil
No se trata de un cambio menor. Estamos asistiendo a una transformación profunda de los problemas de salud pública. El niño que hoy consume diariamente bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y pasa horas frente a una pantalla puede convertirse mañana en un adulto con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o insuficiencia renal. El costo humano es enorme, pero también lo será el económico para un sistema sanitario que ya enfrenta enormes limitaciones.
Sería un error reducir el debate a la responsabilidad exclusiva de los padres. Las familias tienen un papel insustituible, por supuesto, pero también viven inmersas en un entorno que empuja constantemente hacia los malos hábitos. La publicidad dirigida a los menores, la facilidad para acceder a comida de baja calidad nutricional, la escasa oferta de espacios seguros para la práctica deportiva y la presencia cotidiana de productos ultraprocesados incluso en los entornos escolares forman parte del problema.
Por eso las respuestas también deben ser colectivas. El Estado tiene la obligación de diseñar políticas coherentes que incentiven una alimentación saludable, regulen la publicidad dirigida a niños, mejoren el etiquetado nutricional y revisen con seriedad qué alimentos se venden dentro y alrededor de las unidades educativas. Los municipios pueden promover espacios públicos adecuados para la actividad física. Las gobernaciones pueden fortalecer campañas de prevención. El sistema educativo debe incorporar la educación alimentaria como una competencia para la vida y no como un contenido marginal.
Al mismo tiempo, conviene recuperar una idea que durante años pareció obvia y hoy necesita reivindicarse: comer bien también forma parte de nuestra cultura. Tarija dispone de una enorme riqueza agrícola y alimentaria que debería convertirse en una ventaja competitiva para promover dietas basadas en productos frescos, locales y de temporada. Defender esa producción también es defender la salud de las nuevas generaciones.
Las cifras de UNICEF no invitan al alarmismo, sino a la acción. La obesidad infantil no aparece de un día para otro ni se resuelve con campañas ocasionales. Es el resultado de años de hábitos, de decisiones comerciales y también de políticas públicas insuficientes. Del mismo modo, su solución exigirá continuidad, coordinación y compromiso.
Invertir hoy en una infancia más sana significa reducir enfermedades, mejorar el rendimiento escolar, aliviar el futuro gasto sanitario y construir una sociedad con mayor calidad de vida. Pocas inversiones públicas ofrecen un retorno tan alto.
Porque la mejor herencia que puede recibir un niño no es solo una buena educación, sino también la posibilidad de crecer sano.
