La Gestora, lo popular y el “gobierno de izquierda”
Los grandes beneficios de los bancos, fortalecidos gracias a la decisiva acción de la Gestora en su cartera, no tienen relación con los beneficios de los trabajadores ni mucho menos, la democratización del acceso al crédito
La renuncia de Jaime Durán a la presidencia de la Gestora sigue siendo la noticia de la semana por encima de otros asuntos no menos relevantes – más allá de la coyuntura de la campaña - como el cambio de criterio de los Tribunales para liberar a los protagonistas de la caída del régimen de Evo Morales en 2019. Lo es por lo extemporáneo de la misma y porque en el estupor de los plazos – solo a ocho semanas de que su mentor Luis Arce entregue el gobierno – se están revelando las extremas contradicciones de un modelo de gobierno que se cansó pronto de los ardores revolucionarios y apenas pudo sostener cierto ímpetu reformista hasta que se entregó por completo a las plácidas mieles del poder financiero.
El asunto es evidente: la Gestora logró rentabilidades de apenas 4% - menores de las que se registraban en 2010 – poniendo la mitad de su cartera – 15.000 millones de dólares – en los bancos, mientras que el valor de esos mismos bancos se cuadruplicaba y las ganancias de sus accionistas crecían ostensiblemente.
Esos mismos trabajadores acaban pasando un calvario para acceder a cualquier forma de crédito en el sistema formal, sea para vivienda, para emprendimientos o para cualquier otra necesidad
Hay varias doctrinas al respecto de esto, pues es evidente que las inversiones articuladas desde la Gestora deben ser orientadas a valores seguros que no pongan en riesgo las jubilaciones, y eso implica necesariamente que las rentabilidades son menores. Por otro lado, ha sido la propia acción de inversión de la Gestora Pública y antes de las AFP las que han favorecido la capitalización y fortalecimiento de los bancos que hoy ofrecen calificaciones de riesgo más favorables, lo que les permite optar aún a más inversiones de la propia Gestora. Un círculo virtuoso no exento de la política: En Bolivia, en Noruega, en Argentina y en casi cualquier país del mundo, por muy privada que sea la gestora de los fondos de pensiones, está sometida a las directrices de su gobierno, que es quien planifica el desarrollo.
No tiene nada de malo – si no se incurre en trampas o abusos – que los bancos multipliquen sus ganancias, pues son al final el termómetro de una sociedad pujante y moderna que crece en base al endeudamiento como las escuelas liberales nos han enseñado.
El papel y la política lo aguantan todo, pero el problema llega cuando el correlato se distancia demasiado: no solo es que la Gestora tenga paupérrimas ganancias invirtiendo la mitad de los aportes en la banca nacional, sino que esos mismos trabajadores acaban pasando un calvario para acceder a cualquier forma de crédito en el sistema formal, sea para vivienda, para emprendimientos o para cualquier otra necesidad.
El gobierno autoproclamado de izquierdas, a pesar de las grandes inversiones y las constatadas ganancias, ha hecho escasos esfuerzos por democratizar el acceso al crédito de los trabajadores que tienen la mitad de sus ahorros jubilatorios en los mismos bancos que una y otra vez han demostrado su desconfianza en él.
Los más altos académicos de estos gobiernos pueden seguir elucubrando teorías sobre “por qué la izquierda pierde elecciones” e insistiendo en una caracterización del sujeto político clave que no se acerca ni de lejos a su realidad vital. Sin embargo, mejor harían en asumir los errores de un proceso que, como vienen demostrando las investigaciones periodísticas, que han acabado moviendo el piso a la propia Fiscalía (aprovechando que son tiempos propicios para cambiar de acera, parece), ha acabado beneficiando y mucho a algunos y muy poco al resto.
Durán no será el último en salir.
