“Cierren la Asamblea”

La pérdida progresiva de credibilidad en el sistema democrático tiene numerosas aristas. Quién más quién menos conoce alguna teoría de la conspiración que augura un avance progresivo hacia dictaduras totalitarias sean de izquierda o de derecha, planes del “gran reemplazo” o mutantes que se han apoderado de los resortes de las Naciones Unidas, pero bromas aparte, lo cierto es que los diferentes reportes del latinobarómetro y de los sondeos en otros países, muestran como los jóvenes prefieren vivir seguros en cierta prosperidad económica que vivir en libertad dentro de un marco democrático.

Es posible que haya gente poderosa interesada en que el sistema colapse, en que se pierdan los contrapesos y donde las denuncias sean consideradas apenas matices de opinión con objetivos políticos mientras los negocios vuelan. Pero también es muy posible que aquellos que tienen asignadas funciones elementales para la convivencia democrática hayan hecho dejación absoluta de funciones y contribuyan más que nadie a la erosión del sistema.

Los órganos legislativos son los que se llevan la palma en esa deriva, pues sea Congreso, Senado, Parlamento, Concejo Municipal o Asamblea Plurinacional o Departamental, sus autoridades parecen dispuestas a deslegitimar su propia función a cualquier precio.

La Asamblea apenas trabaja leyes y sus parlamentarios aprovechan sus privilegios de fiscalización para, como mínimo, apuntalar sus carreras políticas alrededor del show

En un país acostumbrado al ordeno y mando de las dictaduras y no muy proclive a las discusiones duras a la cara, las funciones de los órganos legislativos siempre han sido como desconocidas. Se tolera con excesiva naturalidad que el ejecutivo, sea alcalde, gobernador o presidente, hace básicamente lo que le viene en gana distinto a su programa electoral y es en ese contexto donde la figura del legislador se desfigura. Se supone que son estos parlamentarios elegidos por el pueblo en función de su propia  composición los que deben poner orden y delinear el horizonte, es decir, hacer leyes que señalen las prioridades, y además, ejercer una labor de fiscalización que transparente la gestión del ejecutivo.

La realidad es diferente, la Asamblea apenas trabaja leyes y sus parlamentarios aprovechan sus privilegios de fiscalización para, como mínimo, apuntalar sus carreras políticas alrededor del show restándole credibilidad al ente.

La Asamblea Plurinacional, que nació con una mayoría absoluta que no tardó en resquebrajarse, lleva años bloqueada sin aprobar ni leyes, ni créditos, ni proyectos, y más bien convirtiéndose en un mero escenario de pugna partidaria sin fondo.

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija lleva tres años sin proponer leyes ni atender los pedidos de la Gobernación mientras hace caso omiso a la necesidad urgente de reformar su propia institucionalidad para ajustarla a la realidad del momento y prestar mejor sus servicios.

Esas negligencias alimentan los ardores caudillistas: “cierren la Asamblea” se va convirtiendo en una coletilla recurrente que entraña un riesgo real para la democracia y la libertad. Bolivia sabe demasiado de dictadores y dictaduras, ojalá todos sean capaces de cumplir con sus roles para alejar estos fantasmas del pasado que cada vez vuelven a sobrevolar los fracasos del sistema.