Bolivia y la Justicia Social
Tanto quienes la defienden como quienes la atacan en Bolivia deberían hacer un ejercicio de análisis sincero sobre la verdadera situación social del país
El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, con la finalidad de concienciar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social. Este día mundial fue proclamado el 26 de noviembre de 2007, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Con la promoción de la Justicia Social se pretende sobre todo erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente; la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Para la Organización de las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión y, curiosamente, para los nuevos populismos del centro derecha se ha convertido en una suerte de concepto fetiche sobre el que canalizar todo el discurso de odio que en las redes ha logrado distorsionar las percepciones de muchos de los más jóvenes: muchos de los que más se han beneficiado de las políticas de Justicia Social en los países donde se han implementado de forma más seria – que no es el caso de Bolivia – reniegan ahora de sus beneficios.
En estos lados del mundo campesinos, mineros y comerciantes profesan la ley del más fuerte, el mayor promotor de la Justicia Social ha sido la Iglesia Católica
El concepto de Justicia Social se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación y defensa de los derechos de todas las personas. Trasciende el concepto tradicional de justicia legal, pero no lo contrapone. Por lo general, las Constituciones liberales son las que más inciden en este concepto de justicia social asignando a los Estados las competencias para adoptar las medidas para impulsar precisamente esa igualdad de oportunidades.
La cuestión es básicamente sencilla, la libertad es para todos, pero nunca será tan libre ni tan igual ante la ley aquel que goza de un patrimonio heredado milmillonario que aquel que vive en la pobreza y su libertad de elección se ajusta a qué necesidad básica destina sus recursos. Ningún país se desarrolla adecuadamente con enormes índices de desigualdad, y de ahí que los Estados hayan encontrado los mecanismos, a través de la redistribución de la riqueza a través de los impuestos, para tratar de mejorar el acceso a la salud y la educación, principalmente, que son las dos grandes áreas que generan pobreza y desigualdad en las familias.
Para las visiones más mercantilistas de la vida en las que nadie le debe nada a nadie y todo se puede conseguir por sí mismo, porque la mano invisible del mercado todo lo arregla y si no, darwinismo social, es decir, que mueran o migren los más débiles, los impuestos son un sacrilegio y toda forma de Justicia Social también.
En estos lados del mundo donde nunca hubo comunismo ni nada parecido y donde campesinos, mineros y comerciantes profesan la ley del más fuerte en toda su plenitud, el mayor promotor de la Justicia Social ha sido la Iglesia Católica, y ahí los giros del relato se vuelven insostenibles. No se puede defender la vida y a la vez, considerar que la caridad arreglará los problemas.
En Bolivia esencialmente nada ha cambiado en la política tributaria en los últimos 20 años, salvo las inspecciones arbitrarias y las multas coercitivas; se ampliaron ligeramente las coberturas médicas en formato seguro manteniendo la kermesse como principal fuente de financiación ante cualquier dificultad mayor y se han multiplicado las plazas de educación privada incluso aumentando las ratios hasta límites indecentes.
Se podría seguir enumerando los fiascos de una política supuestamente de izquierda que no ha cambiado el paradigma individualista del progreso más allá de la retórica. Tanto quienes la defienden como quienes la atacan en Bolivia deberían hacer un ejercicio de análisis sincero antes de importar campañas.
