TSE – TCP, el Pacto al revés

La mala reputación del TCP en las cuestiones de la democracia invitan a alejarse de su núcleo irradiador

En un país en el que hemos visto tantas cosas raras en “esto de la democracia”, en cualquiera de sus épocas desde 1952 y desde antes, que el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral se reúnan y hagan un “pacto político” para dar seguridad a los ciudadanos sobre la realización de las elecciones generales previstas para agosto solo genera un efecto contrario. No hace falta ningún plan especial, más bien basta y sobra con que cada cual haga su trabajo de forma transparente.

El problema hoy por hoy son los antecedentes del Tribunal Constitucional y su actual composición inconstitucional. Cinco de nueve magistrados no han sido renovados en plazo y forma porque dos de ellos decidieron torpedear el proceso electoral mientras se quedaban en sus cargos mediante resolución impidiendo que el Legislativo hiciera su trabajo de llenar el vacío de poder.

En el embate de las judiciales quedó claro que el TSE no es un poder como los demás, entre otras cosas porque no tiene recursos ni puede hacer con ellos lo que considere

A esto, que podría interpretarse como una maniobra de afán personal, se unen las múltiples resoluciones constitucionales que han favorecido los intereses del Gobierno de Luis Arce, que excepto el referéndum del gas, ha disfrutado con la clausura de las interpelaciones, la entrega de la sigla del MAS y la inhabilitación de Evo Morales, entre otras cosas.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral ha ido haciendo su trabajo de forma discreta y eficiente, alejado de escándalos de antaño salvo algunas notas disonantes y las siete prórrogas concedidas a los partidos políticos para que arreglen sus papeles, como si hubiera que rogarles.

La composición de este Tribunal Supremo Electoral es el único legado de aquel brevísimo periodo de transición que duró entre que Morales tomó el avión a México el 11 de noviembre y la decisión de Jeanine Áñez de ser candidata a finales de ese mismo año 2019. El MAS seguía teniendo mayoría, pero había cierto pudor con lo sucedido en octubre y la voluntad de hacer las cosas bien. Es el Tribunal de Salvador Romero. El tribunal en el que un exasesor del Ministerio de la Presidencia como el vocal Tahuichi se convierte en  verso suelto, o que un personaje de largo recorrido en estas lides como Oscar Hassenteufel se convierte en el adalid de la democracia.

En el embate de las judiciales quedó claro que el TSE no es un poder como los demás, entre otras cosas porque no tiene recursos ni puede hacer con ellos lo que considere. Así pues, lo único que tiene es su prestigio presente: acercarse al TCP no parece la mejor de las opciones.

El TSE tiene dos misiones agobiantes e inmediatas que sí lograrían dar certezas a los ciudadanos. Una es lograr la validación del padrón a nivel popular y blindarlo de los muchos bulos que enfrenta. La otra es recuperar un sistema de transmisión rápida de datos homologable al que se usa en todo el planeta y alejar las incertidumbres.

La ciudadanía está dando muestras por demás de su paciencia y compromiso en un tiempo difícil, con problemas económicos que afectan a las familias en su día a día, a los que se suma la indignación política. Sin embargo, nadie debería ponerla a prueba. Las elecciones democráticas de agosto deben darle certidumbres a este país de una vez por todas.


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