Tratantes y poderosos
Las denuncias de trata contra el expresidente Evo Morales siempre se han sincronizado con los tiempos políticos, pero tampoco nunca se han esclarecido
La destitución de la Fiscal Departamental Sandra Gutiérrez ha levantado una inmensa polvareda en la actualidad política nacional poniendo de nuevo en evidencia el sometimiento de toda la institucionalidad del Estado a los intereses de un partido político que, para más perjuicio del conjunto de la población, anda dividido y a la gresca para definir una candidatura para 2025 que, creen, seguirá siendo infalible para acceder al poder.
El asunto denunciado – específicamente por trata, es decir, por ofrecer menores a cambio de beneficios - es evidentemente muy grave: en Yacuiba hay una niña inscrita en el Registro Civil cuya madre tenía apenas 15 años en el momento de la concepción, una denuncia que ya saltó en 2020 y se sumó a la que se le interpuso por otra relación del expresidente con otra jovencita, que entonces tenía 19 años, Noemí Meneses, y que ni uno ni otro han negado nunca.
Las denuncias fueron entonces aireadas metódicamente, especialmente la de Noemí, que se acompañó con numerosas fotografías por parte de los personeros de aquel gobierno dejando en evidencia que había un interés mayor en destruir políticamente al expresidente que en esclarecer la verdad o proteger a la víctima.
Una niña de 15 años tuvo una hija condicionando el resto de su existencia, libertad y capacidad de decisión. A nadie parece importarle esto lo suficiente.
El caso de Yacuiba tuvo menor impacto por dos motivos: la madre de la criatura no dudó en exhibir su máxima lealtad a Evo Morales, y al mismo tiempo, las normas permiten inscribir al padre aun sin su consentimiento siendo este quien debe demostrar que no lo es. Se trata de una medida que fue un reclamo prioritario del colectivo feminista y que da una gran protección a los menores en un país con una enorme cantidad de embarazo adolescente y padres irresponsables, que en este caso deben demostrar ellos que no son los padres y no al revés.
El meollo de este caso es que se trata de una menor y, por tanto, de un delito de orden público cuya investigación dependía del Ministerio Público incluso si no había colaboración de la familia.
Es evidente que en la reactivación de este caso hay un interés político o revanchista: el exministro de Justicia Iván Lima ya lo anunció en su discurso de despedida tras haber “renunciado” al cargo y la Fiscal Departamental de Tarija, golpeada en lo profesional tras su 0 en la prueba oral de las Judiciales, decidió operarlo a partir de “un nuevo informe de inteligencia” llegado casualmente cuatro años después.
Por un tiempo se pudo pensar que Lima y Gutiérrez actuaban por una motivación personal al margen del fiscal General Juan Lanchipa, con quien siempre hubo rivalidades y al que se asume como un “evista promedio” que ha preferido mantenerse al margen de la discusión de los últimos meses. Conforme avanzó el día quedó claro que la “estrategia” estaba avalada por el gobierno, que se apersonará en la causa a través de sus agencias. La propia desprolijidad con la que de nuevo ha sido “diseñada” lo emparenta con los autores de la sentencia 1010 y l referéndum fallido, pues la otra constatación es que los autoprorrogados del TCP y sus salas constitucionales ya no responden al Gobierno sino que más bien apuran su gestión antes de unas elecciones judiciales que vuelven a pender de un hilo.
La maraña política es enrevesada, pero no podemos olvidar lo central: Una niña de 15 años tuvo una hija condicionando el resto de su existencia, libertad y capacidad de decisión. A nadie parece importarle esto lo suficiente.
