Bolivia y el mito del gasto público
La mayor parte del gasto público se dedica a subsidios y no a reformas estructurales que promuevan el desarrollo de largo plazo
En el ámbito de la economía y la política pública, el gasto público se erige como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y el bienestar de una nación, algo que ya apenas se discute en Europa o Estados Unidos, aunque ciertos foros se inviertan muchos esfuerzos en su demonización. En Bolivia, un país considerado hoy en vías de desarrollo, y con casi dos décadas de gobierno “socialista”, el análisis del gasto público y su comparación con el de otros países evidencia el fiasco de la gestión casi desde su formulación.
En primer lugar, es necesario considerar qué entendemos por gasto público. Este concepto abarca todas las erogaciones que realiza el Estado para cumplir con sus funciones, incluidas en la Constitución, las cuales incluyen la provisión de servicios públicos, la inversión en infraestructura, la seguridad, la salud y la educación, entre otros. El objetivo principal del gasto público es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar el crecimiento económico y reducir las desigualdades sociales. Esta es la teoría común y prácticamente universal. En Bolivia se destina aproximadamente el 35% del PIB (41% en España), con unos 1.250 dólares per cápita (frente a los 11.400 de España).
Comparando el gasto público de Bolivia con el de países vecinos como Perú (22%), Chile (24%) y Argentina (37%), se observan diferencias significativas tanto en la magnitud del gasto como en su distribución. Según los datos macroeconómicos más recientes, Bolivia destina un porcentaje considerable de su PIB al gasto público, pero aún enfrenta desafíos importantes en términos de eficiencia y resultados efectivos.
Perú, a pesar de tener una estructura económica similar a la de Bolivia, ha implementado políticas de gasto público que priorizan la inversión en infraestructura y programas sociales focalizados. En contraste, Bolivia ha centrado gran parte de su gasto en subsidios y transferencias directas, lo cual, aunque ha contribuido a reducir la pobreza en el corto plazo, pero no necesariamente ha promovido un crecimiento económico sostenido a largo plazo.
Chile, conocido por su estabilidad económica y su modelo de desarrollo basado en una economía de mercado abierta, destina una parte significativa de su gasto público a la educación y la salud, sectores clave para el desarrollo humano. La eficiencia del gasto chileno es notablemente alta, lo que se refleja en sus indicadores de desarrollo humano y en la calidad de sus servicios públicos. Bolivia, por otro lado, aún lucha con problemas de corrupción y gestión ineficiente de los recursos, lo que limita el impacto positivo del gasto público.
Argentina, con una economía más grande pero igualmente volátil, enfrenta desafíos similares a los de Bolivia en términos de manejo del gasto público. La diferencia radica en que Argentina ha sufrido de manera crónica de problemas fiscales que han llevado a altos niveles de deuda y déficit. Bolivia, aunque ha mantenido una deuda relativamente controlada, debe aprender de los errores de su vecino y evitar caer en la trampa de un gasto público insostenible.
Para mejorar la efectividad del gasto público, Bolivia debe centrarse en varias áreas clave que son las mismas de hace 20 años: Mejorar la transparencia para evitar la corrupción; invertir en infraestructura y servicios productivos de verdad y menos en subsidios de emergencia y mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, para garantizar un desarrollo humano integral.
Adoptar buenas prácticas de gestión fiscal y de gasto público permitirá al país no solo mejorar su desempeño económico, sino también asegurar un futuro más próspero y equitativo para todos sus ciudadanos, y ese es hoy por hoy el debate. ¿Quién será capaz de llevar adelante un Estado ante tamaño desafío?
