El combustible y la inacción
Liberar el mercado de importación de combustibles y su distribución a precios internacionales podría aliviar la penosa situación actual, pero nadie toma medidas
Ni siquiera los más libertarios ya plantean la retirada completa e inmediata de la subvención a los combustibles y no es solo por motivos electorales; el colapso del sistema económico sería particularmente serio en estos momentos, donde los más beneficiados -frente al criterio extendido - no son precisamente las clases más bajas de la población sino quienes amasan grandes fortunas gracias a la economía subsidiada. En Bolivia paga lo mismo por el combustible aquel que a duras penas rentó una motito para llegar antes a la obra y poder estar más tiempo con sus hijos que aquel que guarda tres vagonetas en el garaje, algunas de ellas de lujo.
El problema con el dólar está generando problemas serios de suministros de combustibles, que en este país son piedra angular de la microeconomía y no solo por la innumerable cantidad de gente que se dedica al transporte en cualquiera de sus variedades. Mientras, YPFB insiste en sus recetas y revisa su inagotable catálogo de excusas para explicar los momentos “puntuales” de desabastecimiento que son “rápidamente” atendidos.
Tal vez nadie confía en que no se genere un contrabando de tal envergadura que lo haga inviable
El enroque del gobierno en esta práctica sin estudiar posibilidades alternativas empieza a generar sospechas. Sobre todo cuando en paralelo tampoco hace nada por asegurar que absolutamente todos los dólares que genera la economía subsidiada del agro y de la mina retornan al circuito formal de la economía.
Voces muy moderadas plantean una retirada parcial del subsidio a través de mecanismos que garanticen la aplicación de los subsidios en los sectores en los que es necesario. Instaurar algo así como un precio “profesional” subsidiado mientras que aquellos que lo usan por motivos privados se atienen al precio internacional no es algo que parezca imposible, y sin embargo, el gobierno parece haber desistido, tal vez por manifiesta incapacidad técnica, o tal vez moral. Tal vez muchos serían los afectados. Tal vez nadie confía en que no se genere un contrabando de tal envergadura que lo haga inviable.
Lo curioso es el afán por mantener el monopolio de YPFB en la adquisición y distribución del total del combustible para que este se venda a precio subsidiado, y no permitir que otros proveedores intenten competir en el mercado nacional, tal vez con combustibles de mejor calidad aunque a precios más altos o simplemente, aprovechando la oportunidad que brindan estos momentos de colapso. Existe en el país una clase acomodada dispuesta a pagar más por esperar menos o por cuidar mejor su vehículo, siendo esta una posibilidad que se niega de raíz aun cuando la comercialización de combustible subvencionado ha dejado de ser negocio para nadie y más bien se ha convertido en una inquietante carga para un Estado que amenaza colapso social y económico en cualquier momento.
Queda un año para elecciones y ni siquiera está claro quién podrá ser candidato. Es tiempo por demás para tomar medidas estructurales y de fondo que al menos intenten sanar la economía nacional, pues quien crea que mirando para otro lado y haciendo promesas de largo plazo va a conseguir respaldo está ciertamente muy equivocado. Urge actuar.
