Una vía para el desarrollo federal
En medio de la descomposición institucional, encontrar nuevas rutas y horizontes de mediano plazo puede ayudar a la regeneración democrática
En el contexto de Bolivia, la idea de transitar de un Estado Autonómico a un Estado Federal representa una transformación profunda y compleja que prácticamente nadie quiere abordar más allá de su uso electoral. Este proceso implicaría no solo un cambio en la estructura política y administrativa del país, sino también una redefinición del concepto de nación y de las relaciones entre las diferentes regiones y el gobierno central.
El Estado Autonómico, como el que actualmente se desarrolla en Bolivia, concede cierto grado de autogobierno a las regiones, permitiéndoles gestionar asuntos locales y mantener cierta autonomía en decisiones administrativas y fiscales, pero poca, porque el presupuesto debe ser aprobado dentro del Presupuesto General del Estado y los Ministerios tienen competencias para enmendar las propuestas. Este modelo ha permitido una mayor descentralización del poder, aunque mínima, y ha intentado responder a las demandas de las distintas regiones del país, especialmente aquellas con fuertes identidades culturales y necesidades particulares, hasta que se acabó la plata.
El modelo autonómico no ha satisfecho las expectativas. Las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos regionales, cada vez menores, así como las dificultades en la implementación efectiva de las autonomías, han evidenciado la necesidad de una revisión del sistema. En este sentido, la transición a un Estado Federal podría ser una vía para fortalecer la cohesión nacional y mejorar la eficiencia administrativa, pero hace falta que los líderes políticos que no fueron capaces de implementar la autonomía den un paso al costado y tomen posiciones aquellos que sí desean un tiempo nuevo y mejor.
En un Estado Federal, cada región o estado tendría competencias claras y definidas en áreas clave como educación, salud, infraestructura y seguridad, lo que permitiría una gestión más cercana y acorde a las necesidades locales.
La federalización permitiría una distribución más equitativa de los recursos, garantizando que las regiones menos favorecidas reciban apoyo suficiente para su desarrollo. Además, las regiones con mayores recursos podrían gestionar sus ingresos de manera más eficiente y adaptada a sus prioridades.
Al otorgar más poder a las regiones, se promovería una participación más activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Esto podría resultar en una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública y además permitiría reconocer y respetar estas diferencias, dando espacio a que cada región preserve y promueva sus propias identidades y tradiciones.
Obviamente hay que enfrentar desafíos:
La transición a un Estado Federal requeriría una reforma constitucional significativa. Esto implica un proceso largo y complejo, que necesitaría el consenso de diferentes actores políticos y sociales.
Sería preciso encontrar el equilibrio adecuado entre el poder central y los estados federados crucial para evitar conflictos de competencias y asegurar una cooperación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y las regiones necesitarían desarrollar capacidades administrativas y técnicas para asumir sus nuevas responsabilidades. Esto incluye la formación de funcionarios y la creación de estructuras administrativas eficientes y garantizar que de alguna manera todas las regiones pueden desarrollarse al máximo con mecanismos de redistribución y apoyo que mitiguen estas diferencias.
En un momento en el que se ve todo negro y donde los políticos han dado señales de incapacidad y agotamiento, es urgente encontrar en la sociedad civil nuevos desafíos que ayuden a marcar horizontes que regeneren y recompongan un oficio hundido en la inmundicia. La transición de Bolivia de un Estado Autonómico a un Estado Federal es una propuesta ambiciosa que tiene el potencial de mejorar la gobernanza y la cohesión nacional. Ojalá todos pudiéramos pensar más en el largo plazo.
