Jueces y corrupción

Por el momento hay un acuerdo para convocar de forma urgente las elecciones judiciales y que esta situación anómala que se vive actualmente se revierta democráticamente. Se trata de un acuerdo con muchos condicionantes y en el que la mayoría de las personas de a pie no cree, pero por el momento la política se va abriendo camino en la maraña de polarización y crisis en la que vivimos.

Por el momento lo único que se puede afirmar es que habrá elección judicial, porque está en la Constitución y porque no hay forma de sortearlo. Todo lo demás depende aún de demasiadas cosas.

Ha resultado por demás curioso que el gobierno, acusado desde el primer día de ser la parte interesada en la prórroga de los Magistrados e incluso, de haber movido los hilos para torpedear los pocos avances que en el legislativo se daban al respecto, haya aprovechado la coyuntura para vincular el cese de los señalados con la aprobación de una serie de créditos internacionales que le van a dar cierto oxígeno financiero. Ha supuesto una confesión de parte notoria, y aún así, no parece que se haya dicho la última palabra al respecto.

No es menos curioso el movimiento del MAS de Evo, que todavía duda sobre la estrategia a seguir después de haber cambiado la demanda original – “que se vayan todos” – por el acuerdo sobre la elección, y haber querido dar retro cuando se han percatado de que puede haber trampa.

También hay cierta curiosidad en las filas de Comunidad Ciudadana, que tratan de presentarse como la llave de la política útil sin saber si eso realmente les da votos o no, y de si vale la pena o de nuevo el gobierno hará la suya en el tiempo de descuento.

Toca confiar. Bolivia necesita una reforma integral de la Justicia, sí, pero ahora lo urgente es elegir a los jueces que de alguna forma tendrán que implementarla, pero no se debe olvidar que quien hace las normas y asigna los presupuestos, es el legislativo.

Ahora, reformar la Justicia no es tan sencillo ni es algo que se pueda abordar de forma aislada. El componente social es clave y no será suficiente con nombrar más jueces, hacer nuevos reglamentos o darles más recursos para la investigación, que con seguridad también es necesario.

Tampoco el asunto se arreglará subiendo los salarios ni dando mayor estabilidad a su puesto laboral siguiendo las viejas teorías de la lucha contra la corrupción, y no solo porque la precariedad sea tan grande que cualquiera sea vulnerable, sino porque el problema es estructural.

La corrupción está instalada a todos los niveles y se ha extendido con impunidad por cada resquicio de la sociedad y eso solo puede enfrentarse desde un gran cambio cultural de todos los que formamos parte del proceso educativo, empezando por supuesto por las propias familias. Elevar el nivel de exigencia y rebajar el de tolerancia es imprescindible para que las nuevas generaciones cultiven el esfuerzo y ponderen la casa común. Solo entonces, con nuevas generaciones más disciplinadas y conscientes, tendremos capacidad para afrontar el desafío de cambio.

Toco esforzarse.