Tiempo de reconstrucción
Bolivia en general y Tarija en particular necesitan un profundo proceso de transformación en varios de sus sistemas que garanticen su sostenibilidad y continuidad de sus principios fundamentales
Después de cuatro largos años de gestión, el ciclo electoral ha comenzado con fuerza y poco de lo que se aborde a partir de ahora será consignado como gestión, sino más bien como promesa, por eso no es precipitado empezar a hacer ya evaluaciones a todos los niveles que permitan discernir una cosa de la otra.
Es evidente que esta legislatura no ha sido la de las megaobras, de hecho es muy poco lo que se ha entregado en Tarija: 4 kilómetros de doble vía en el Chaco, un puente “millonario” en la capital… y muy poco más. Ha habido algunas reinauguraciones como en el caso del Materno Infantil, segundas fases y algún que otro avance significativo, pero poco en relación al tiempo.
No era tiempo de hacer obras y así lo entendieron los ejecutivos y legisladores que asumieron el poder en 2021, si no de completar procesos, mejorar dinámicas y poner esfuerzos en reestructurar y lograr la sostenibilidad de las instituciones… pero tampoco.
El Gobierno Departamental era con seguridad el que tenía un panorama más complicado. Las reservas de gas se habían esfumado y los contratos, agotado, por lo que el impacto en las regalías era predecible. El gobernador asumió entonces un rol de auditor: recortar gastos y hacerse más eficiente al mismo tiempo que pretendía poner sus buenas artes de gestión para potenciar los procesos y cadenas en marcha además de alcanzar alguna que otra alianza transversal.
El tiempo, sin embargo, ha pasado sin poder dejar atrás el fantasma de la crisis y el recorte, sin poder articular ningún proyecto más allá y sobre todo, sin poder articular nada a través de la Asamblea Legislativa Departamental, donde más allá del mediocre nivel general, no se ha sabido manejar políticamente. Visto el fracaso ejecutivo y legislativo, como mínimo se podía haber pactado una transformación institucional, pero al parecer ya nadie está en política para pactar ni hacer acuerdos.
El nivel municipal también estaba hipotecado y con recursos a la baja, pero siempre cuenta con un flujo constante vía tasas municipales que permite al menos pequeñas transformaciones. El alcalde no prometió ninguna gran obra y sin embargo ha logrado abordar algunos de los grandes problemas de la ciudad con resultados aceptables: se ha logrado el primer acuerdo tangible con la planta de tratamiento de aguas residuales, que ya tiene terreno y financiación; se han iniciado las obras en la segunda circunvalación sin esperar financiamientos externos; se ha abordado la transformación y modernización de la DOT, aunque viniendo del siglo XIX va a costar más de lo pensado y ha logrado poner en marcha el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos para acabar de una vez con el botadero municipal, así que más allá de desafortunadas acciones farandulescas y alguna que otra torpeza de gestión, que las ha habido y graves, ha logrado mantener la paz social entre las juntas vecinales y enfrentar los grandes problemas históricos de la ciudad.
El nivel nacional, con los mismos problemas de recursos disponibles, podía haber abogado por ordenar la autonomía y avanzar en un Pacto Fiscal útil para todos, sin embargo su incidencia política ha sido escasa y su inversión, más allá del aeropuerto y algunas plantas aisladas, muy testimonial.
La situación no estará mejor en 2026 y por eso, desde ya es necesario que a todos los candidatos se les exijan planteamientos serios y apegados a la realidad. Bolivia en general y Tarija en particular necesitan un profundo proceso de transformación en varios de sus sistemas que garanticen su sostenibilidad y continuidad de sus principios fundamentales. Entre ellos, la autonomía. Es tiempo de hacer política de verdad.
