Crisis y explotación sexual

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra el 23 de septiembre desde 1999 y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en enero de ese mismo año, y aunque Naciones Unidas haya deslindado y movido el Día Internacional contra la Trata de Personas de forma genérica a julio, es evidente que la mayor parte de las personas tratadas lo padece por fines sexuales.

Como curiosidad, fue el 23 de septiembre del año 1913 cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina con la denominada "Ley Palacios", porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios.

En la actualidad hay un consenso occidental sobre el rechazo a la explotación y tráfico sexual, si bien en el propio seno del feminismo hay divergencias sobre la estrategia a seguir. Mientras unos apuestan por la prohibición total de la prostitución al entender que nadie la ejerce libremente, otras apuestan por la regulación de la actividad de forma que se proteja a las profesionales y se luche contra las mafias para que el servicio se ofrezca en libertad y con todas las garantías de seguridad y salud.

Este segundo camino es el que, por la vía de los hechos consumados, se aplica en Bolivia donde se ofrecen controles de salud y no se penaliza el ejercicio libre de la profesión, aunque sin embargo es evidente que la mayor parte de las profesionales está controlada por esas mafias.

La trata de personas consiste en la compra venta y explotación de niños y adultos, para diversos destinos como el tráfico de órganos, trabajos forzados, siendo la explotación sexual el destino más frecuente para niñas y mujeres.

Se estima que en el mundo, 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual, una lacra que solo es equiparable al tráfico de drogas y de armas. En Bolivia, según el informe de 2022 de la Defensoría del Pueblo, se ha vivido un incremento de casos del 13,5%: en 2015 hubo 370 casos y en 2021, 420 casos.

Los traficantes de personas se aprovechan de situaciones de pobreza, falta de educación, desastres naturales, guerras y otras circunstancias, para sustraer a los niños, niñas o adultos y venderlos a las mafias.

En Bolivia el deterioro de las condiciones de vida en ciertas partes del país a raíz de los fenómenos climáticos, el crecimiento desmesurado de población en las nuevas zonas mineras del oro y la crisis económica en general ha puesto en guardia a organizaciones de la sociedad civil y a autoridades, que temen un incremento de víctimas empujadas a la actividad sexual por la falta de oportunidades alternativas, y cuya competencia puede derivar en una relajación de las medidas de seguridad y de protección sanitaria.

Es tiempo de educar y de tomar medidas. La explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI, acabar con ella está en manos de todos.