Tarija y las obras inútiles
Cuando crecieron los ingresos hubo que idear un plan para gastar todos los recursos disponibles, pero no hubo plan, sino un sistema para facilitar todas las licitaciones posibles
El gran lastre de Tarija es la corrupción. Los datos se conocen de memoria: unos cinco mil millones de dólares en regalías en la década “prodigiosa”, más de 18.000 millones de bolivianos contratados en obra pública a finales de 2015, etc., pero a la hora de la verdad, Tarija sigue viviendo de su uva, de su huerta, de sus vacas, de sus fronteras y de los servicios que mal que bien se prestan desde la ciudad capital. ¿Qué ha pasado con todo eso?
La iniciativa del gobernador Óscar Montes es la correcta: al menos 50 obras y proyectos que se completaron de una u otra forma siguen sin tener utilidad, ni, en muchos casos, se sabe para qué fueron contratados y para qué fueron finalmente completados cuando en algún momento de ese esperpéntico camino tortuoso de la crisis podían haberse quedado en el costado.
Tarija quedó atrapada en una suerte de trampa tejida tal vez desde la inconsciencia, porque mucho sería pensar que hubo una planificación detallada del suicidio para quebrar la voluntad de un pueblo por definición combativo.
El certificado de disponibilidad presupuestaria que emitía el Ministerio de Economía del hoy presidente Luis Arce se convirtió en papel mojado en 2016
La cuestión es que el boom del gas de los 80 y primeros 90 a nombre de YPFB dio paso a las negruras de la capitalización, pero ahí estaban las regalías constitucionalizadas. Cuando los proyectos empezaron a dar fruto se acentuaron las demandas de autonomía y así nació la “nueva Tarija” de principios de siglo, con muchos dineros en el Tesoro Departamental y una colección de políticos vivos que habían pasado bastante hambre desde los 80.
El poder y el dinero, mezclado con una batalla identitaria que se libraba en el país y que cada cual arrimaba a sus intereses dio lugar a cócteles explosivos de políticos populistas, promesas faraónicas y afanes megalómanos: autopistas departamentales, villas olímpicas, rodeos, hipódromos, piscinas y otros muchos proyectos sin mayor coordinación o ensamble en una estrategia departamental y mucho menos nacional.
El momento cumbre llegó con el interino Lino Condori reinando en el despacho contiguo al Salón Rojo. Condori nunca soñó con ser gobernador y no tenía plan; en realidad, ni siquiera el MAS tenía un plan para Tarija por mucho que se esforzara en sacar a Cossío. Así, una vez con el poder en la mano, hubo que idear un plan para gastar todos los recursos disponibles, y lo cierto es que no hubo plan, sino un sistema para facilitar todas las licitaciones posibles desde las subgobernaciones que dieron buena cuenta de la bonanza.
El mecanismo tenía un subterfugio: el certificado de disponibilidad presupuestaria que emitía el Ministerio de Economía del hoy presidente Luis Arce y que se convirtió en papel mojado a finales de 2014, cuando el barril de petróleo cayó de los 100 dólares a los 30 dólares de enero de 2016.
La gestión de Adrián Oliva prometió auditorías, pero se quedó en mucha renegociación y un librito de elefantes sin nada concreto que llevar a la Fiscalía. La Gobernación hoy apuesta porque la Contraloría se posicione sobre los proyectos completados que son inútiles.
Bueno está que los ciudadanos pongan a cada cual en su lugar cada cinco años en las ánforas, pero ojalá en el más corto plazo posible se encuentre un camino para depurar también las responsabilidades penales, pues ciertamente no hablamos de juegos, sino de daños considerables a los sueños de todo un pueblo.
