La reforma judicial pendiente
El problema no es la elección directa de jueces, sino la capacidad del Estado de producir jueces probos que miren por los intereses del pueblo y la nación y que estos pasen el corte de la Asamblea Legislativa
La reforma judicial es un compromiso asumido por Presidente y Vicepresidente en su toma de posesión de noviembre de 2020. Sobre todo, el segundo hizo compromisos explícitos de “no politizar”, pero hasta hoy no se materializa en nada. Al contrario, sirve de excusa a cada uno de los escándalos que con frecuencia aparecen en el estamento y que se suelen ventilar entre lamentos sobre la necesidad de cambiar y lo mala que es la corrupción, etc.
El último escándalo ha sido el del audio filtrado que involucra a un diputado de la bancada oficialista, Antonio Colque, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina. En la grabación ambos “dialogan” sobre algunas pegas en el ente y sobre la inminente elección judicial, que como se sabe, viene pactada desde la Asamblea Legislativa. Algunos ni siquiera se han ruborizado. Renunciar no pasa por la cabeza de nadie, nunca.
El Consejo de la Magistratura, que es el órgano de gobierno de los jueces y principal responsable de la corrupción generalizada, espera que todo siga igual
Solo en este año ya ha habido varios escándalos parecidos y uno especialmente grave, ese que evidenció que asesinos sentenciados extremadamente peligrosos, como el asesino de mujeres de El Alto, habían conseguido comprar su libertad por unos poquitos miles de dólares a cambio de un informe médico y la benevolencia de las partes. Ni siquiera era demasiada plata. Ni siquiera tenía un Policía en la puerta.
Aquello llevó a una comisión de revisión de casos polémicos, de los que la mitad de los autores salieron huyendo y, en otros casos, se desbarataron algunas pequeñas líneas de contubernio, pero todo apunta a que ahí siguen las grandes, doblemente peligrosas al estar heridas.
Poner el tema en el foco apenas ha servido para que el Tribunal Supremo y el Constitucional sean un tanto más diligentes a la hora de cumplir con los plazos y “ejecutoriar” las sentencias, pero poco. Por lo general cualquier caso polémico de verdad debe ser revisado con lupa, con sus pertinentes “aceitadas” o marcación mediática hasta que sale. Las denuncias de corrupción son permanentes.
Mientras, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de gobierno de los jueces y principal responsable de la corrupción generalizada en todos los niveles, se mantiene en silencio y a la espera de que todo siga igual.
El Gobierno ha hecho algunos intentos de sacar adelante un Comité de expertos, que como expertos han captado de inmediato las intencionalidades políticas y se han retirado. La oposición apenas reclama retornar al sistema antiguo de la meritocracia y la carrera judicial, que es un sistema que beneficia a aquellos que más pueden estudiar, es decir, los que tienen más red, es decir, los más ricos, lo que a la hora de aplicar la justicia define un sesgo de clase.
El problema no es la elección directa de jueces, sino la capacidad del Estado de producir jueces probos que miren por los intereses del pueblo y la nación y que estos pasen el corte de la Asamblea Legislativa para que haya una limitada cantidad de candidatos, pero los mejores. Es necesario concentrarse en los mecanismos de formación, en garantizar la equidad y en dar las mismas oportunidades, así como las condiciones para detectar la corrupción. Bolivia merece una justicia mejor y que este propósito no sea excusa para no hacer mejor las cosas ya.
