BoA: una empresa estratégica, una gestión impecable

Bolivia necesita una aerolínea pública fuerte. No como un símbolo ideológico ni como un trofeo político, sino como una herramienta de integración nacional. Pocos países presentan una geografía tan compleja, una red vial con tantas limitaciones y una dependencia tan alta del transporte aéreo para conectar regiones, facilitar la actividad económica y garantizar la movilidad de miles de ciudadanos.

Por eso, el debate sobre Boliviana de Aviación no debería reducirse a la vieja dicotomía entre privatizar o estatizar. La verdadera discusión consiste en cómo construir una empresa pública eficiente, sostenible y capaz de prestar un servicio de calidad sin convertirse en un espacio de discrecionalidad administrativa o de intereses políticos.

La reciente destitución de su gerente general, tras la controversia generada por un viaje realizado durante un período de licencia (que no correspondía) utilizando beneficios asociados a la empresa, vuelve a recordar una verdad elemental: quienes administran entidades públicas estratégicas están sometidos a un estándar de responsabilidad mucho mayor que el resto de los ciudadanos. No basta con cumplir formalmente la norma; también es imprescindible preservar la confianza pública.

Resulta saludable que el Gobierno haya anunciado una convocatoria nacional abierta para seleccionar al nuevo gerente sobre la base de méritos técnicos y profesionales. Ese debe ser el camino. Las empresas públicas necesitan menos cuotas políticas y más administradores especializados, capaces de responder con resultados y no con afinidades partidarias.

Ese debe ser el camino. Las empresas públicas necesitan menos cuotas políticas y más administradores especializados, capaces de responder con resultados y no con afinidades partidarias

Pero el verdadero desafío apenas comienza.

La renovación de la flota constituye probablemente una de las decisiones económicas más importantes que enfrentará BoA en los próximos años. La adquisición de aeronaves supone contratos de cientos de millones de dólares, compromisos financieros de largo plazo y decisiones técnicas que condicionarán la operación de la empresa durante décadas. En la industria aeronáutica internacional, pocas operaciones concentran tantos intereses comerciales como la compra de aviones.

Es curioso que esta decisión se esté tomando cuando aun no se revela la forma jurídica que se le pretende dar. Bolivia necesita una aerolínea pública fuerte, pero también una empresa que rinda cuentas con absoluta transparencia en cada una de sus decisiones estratégicas.

Precisamente por ello, el proceso debe desarrollarse bajo los más altos estándares de transparencia. Los estudios técnicos, las evaluaciones económicas, los criterios de selección, las modalidades de financiamiento, los costos de mantenimiento, el análisis del mercado y las proyecciones operativas deberían ser conocidos públicamente en la medida en que las negociaciones lo permitan. No se trata de obstaculizar decisiones comerciales, sino de proteger recursos que pertenecen a todos los bolivianos.

La modernización de BoA es necesaria. La propia realidad operacional demuestra que una parte importante de la flota enfrenta crecientes problemas derivados de su antigüedad y de la falta de renovación oportuna. Los retrasos, cancelaciones y limitaciones de capacidad afectan diariamente a usuarios que, muchas veces, no disponen de alternativas reales de transporte.

Sin embargo, la solución no puede limitarse a comprar aviones nuevos. También exige fortalecer la gestión, mejorar los programas de mantenimiento, optimizar la planificación operativa, elevar los estándares de atención al pasajero y construir una cultura empresarial basada en la eficiencia y la rendición de cuentas.

Las empresas públicas no fracasan por el solo hecho de ser públicas. Fracasan cuando dejan de gestionarse con criterios profesionales y pasan a responder a intereses ajenos a su misión institucional.

En un país con las características geográficas de Bolivia, BoA cumple una función que trasciende la lógica estrictamente comercial. Conecta regiones, facilita el turismo, integra mercados y acerca servicios esenciales. Precisamente por eso debe ser también una de las empresas públicas más transparentes del país.

Porque defender el patrimonio público no significa aceptar cualquier administración. Significa exigir que cada decisión, cada contrato y cada boliviano invertido puedan resistir el más riguroso escrutinio ciudadano.