La magia del surtidor; la del dólar y los privilegios de BoA

El inexorable paso del tiempo. En un mes se celebrará el primer aniversario de la victoria electoral de Rodrigo Paz y Edmand Lara en la primera vuelta, por lo que estos días se van a cumplir las primeras efemérides de sus promesas electorales. Los “chutos”, el crédito al 3%, la renta Dignidad de 2.000, el salario universal de la mujer, la repatriación milagrosa de los dólares de Paraguay, etc. Muchas de ellas han evolucionado mal. Ninguna tan mal como la del Fondo Monetario Internacional (FMI). O como la de resolver el problema de los combustibles “el primer día”.

La semana en sí está siendo pesadilla. Los bloqueos de mayo empiezan a alejarse en el tiempo y en estos tiempos de inmediatez caníbal, empiezan a amortizarse como excusa para todo. En paralelo, las filas del combustible siguen largas. Muy largas. La “solución mágica” dejó un reguero de cadáveres políticos – ministros, presidentes de YPFB, gerentes, directores de ANH… -, miles de motores arruinados a lo largo y ancho del país, y una credibilidad muy tocada que se juzgó en las elecciones autonómicas de forma descarnada. La solución “paciente” implica lo que implica, por mucho que los voceros insistan en el asunto del acopio, del contrabando y etc.

En esa coyuntura, la devaluación – llámala instauración del tipo de cambio flexible – juega un rol todavía incierto. No hay dólares, no hay certezas de que el FMI los vaya a proveer con celeridad, ni de que los “productores” y “exportadores” locales los vayan a depositar en el sistema bancario nacional. Eso implica que de momento el cambio “flexible” vaya trepando día a día más o menos despacio (casi un boliviano en dos semanas no es un ritmo alentador ni estabilizante) y que haya saltado la barrera psicológica de los 10 bolivianos.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, señala que todo está según lo previsto. Su némesis, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo, se mantiene en silencio. El gran operador, Fernando Cerimedo, ordena viento en popa y toda vela.

Espinoza tiene un plan: 5.000 millones de dólares de organismos internacionales sin determinar – inicialmente se habló de mil, luego de 3.000 cuando ya se admitió al FMI, ahora ya van 5.000 -, y una eventual liquidación de dólares del sector exportador en Bolivia en los próximos dos o tres meses cuando acabe la temporada. Veremos si tiene suerte, y también si algún otro poderoso sector utiliza esta eventualidad para negociar sus intereses y privilegios.

El paquete de leyes

En esta coyuntura, el gobierno aspira a pasar por la Asamblea el paquete de leyes perfilado hace más de dos meses y del que apenas se conocen detalles:

1. Ley de Hidrocarburos, enfocada en reactivar el sector energético y replantear el desarrollo regional, pero de la que también se teme que entregue áreas propias como Mayaya al sector privado con nuevas distribuciones tributarias.

2. Ley de Minería, destinada a modernizar y regular la actividad minera; pero de la que se teme sea a medida de los mineros para ampliar su influencia. Las Gobernaciones, por cierto, han pedido participación directa en este tema.

3. Ley de Electricidad, presentada para garantizar el suministro energético, y con la que se teme se blinden nuevos esquemas de cálculo que suban los precios al consumidor.

4. Ley de Inversiones, diseñada para fomentar la llegada de capital nacional y extranjero, y que se analizará con lupa luego del intento de consagrar el “Fast Track” en el decreto 5503.

5. Ley de Economía Verde, orientada al desarrollo sostenible, y que espera convertir las reservas naturales en bonos verdes per sé.

6. Ley de Emprendedores, para incentivar nuevos negocios e iniciativas privadas, y donde la consolidación del empleo y sus salvaguardas puede ponerse en juego.

7. Nueva Ley Electoral, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y política, que de momento parte de un TSE cuestionado en su legitimidad.

8. Ley de Justicia, enfocada en reformas al sistema judicial, pero que debe resolverse en el marco de la Constitución.

9. Ley de Seguridad Nacional, destinada a enfrentar escenarios de inestabilidad, y que se ha usado en países cercanos para limitar los derechos humanos y de manifestación.

10. Ley de Reducción del Estado y la Burocracia, orientada a optimizar la administración pública, que ya ha avanzado en formas de decreto.

El Gobierno no tiene bancada suficiente para avanzar en solitario, y tanto Samuel Doria Medina con la bancada Unidos que al principio se denominaba socia preferente, como Tuto Quiroga y su bancada Libre, que originalmente ofreció mano tendida, han empezado a condicionar su apoyo a determinados casos, cesiones o rumbos.

En la práctica el gobierno está en una contrarreloj: modificar el aparato jurídico sin cambiar la Constitución sin mayoría parlamentaria antes de que las calles se vuelvan a “incendiar” por los efectos de la inflación y la escasa expectativa que se genera. Sin duda, el tiempo es oro.

El zasca de BoA

Hay “pequeños” escándalos que contribuyen a poner tierra de por medio. Revelan. El viaje preferencial del gerente de BoA a Miami con precios risibles en pleno Mundial y con un permiso dudoso apenas dos meses después de asumir el cargo alimenta esos posicionamientos tan simples como probablemente ciertos: “todos son iguales”. Que el ministro del área Mauricio Zamora Liebers, diga “ni siquiera yo tengo esos privilegios” traza esa línea, nítida aun disimulada, sobre los asuntos del poder y lo intrínseco del privilegio. Aunque después salió en su defensa, asegurando que hay “una mano negra” detrás del tema.

Lo curioso es que en paralelo se anuncia la renovación de la flota – uno de esos enormes negocios que apenas se dimensionan – y se niega su privatización. De momento.