Las agallas del matrimonio igualitario

En algún momento algún gobierno deberá enfrentar la situación y garantizar los derechos por Ley explícita, para que ningún tribunal pueda cambiar su interpretación

Cuba acaba de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, para ello ha tomado un camino extraordinariamente largo y delicado, medio desentendido, pero democrático. La puerta a la nueva regulación se abrió con la Constitución de 2019, pero nadie tuvo agallas de ponerlo con nombre y apellido en ese momento. El asunto se ha metido dentro del nuevo Código de Familias, que además trata de resolver otros muchos asuntos pendientes, como la adopción o la gestación subrogada. De las 70 leyes que se pusieron en cronograma para desarrollarla, solo esta ha pasado a referéndum, con la evidente intención de descargar la responsabilidad entre todo el pueblo, fuera cual fuese el resultado final.

Es verdad que el gobierno ha encabezado la campaña por el Sí, que ha sido la única más allá de las observaciones vertidas por las iglesias, pero nadie se ha mojado demasiado en el punto concreto. Es verdad también que el resultado ha sido amplio y contundente, como es verdad que está lejos de las cifras superiores al 90% de apoyo de otras convocatorias similares y que el porcentaje de apoyo no llega al 50 por ciento del padrón porque más de un 25% prefirió no votar. Es verdad que hubo también una campaña para aprovechar el asunto y darle un toque al régimen, tumbando el Código, pero resulta de difícil cuantificación porque unos pidieron votar no, otros anular el voto y otros quedarse en casa.

La cuestión es que Cuba ha enfrentado uno de sus miedos y uno de sus pecados recurrentes con el que se cuestionaba la propia revolución, pues el machismo intrínseco que sigue campando a sus anchas en el país y el estigma de la homosexualidad, incluyendo los campos de concentración de mediados de los 60 que el propio régimen ha reconocido como un error, chocaba con cualquier discurso de igualdad y comunismo sostenido.

El asunto está ya regulado en la mayor parte del mundo y también en Sudamérica, pero por alguna extraña razón los países del ALBA – Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia – que a menudo se presentan como progresistas, han quedado rezagados en esa carrera por la conquista de derechos.

En Bolivia, por ejemplo, el asunto se ha metido por la ventana y no es universal ni mucho menos. Una pareja pleiteó más de dos años con el Registro Civil para lograr inscribirse como Unión Libre – no matrimonio en ningún caso – y tras mediar el Tribunal Constitucional, se instó a la inscripción sin que el ejecutivo ni el legislativo tuvieran que “mancharse las manos” en este asunto.

En cualquier caso, y como todo lo que entra por la ventana, las parejas siguen encontrando muchos problemas para llevar a cabo el procedimiento y los beneficios de la unión se siguen administrando con cuentagotas, y es que la parte romántica está muy bien, pero de lo que se habla es de derechos pragmáticos, de heredar, de usar el seguro de salud, de tener derecho a una pensión o de adoptar.

En algún momento, algún gobierno, deberá enfrentar la situación y como con todos los derechos, garantizarlos por Ley explícita, para que ningún tribunal pueda cambiar su interpretación. La pelota está ahora en el tejado de Luis Arce.


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