La legitimidad del Defensor del Pueblo
La única persona que puede darle lustre a una institución que debería ser referencia en la batalla permanente por los Derechos Humanos es el flamante nuevo Defensor, Pedro Callisaya.
Si algo caracteriza al sistema judicial de este país son las chicanas, esas fórmulas apegadas al reglamento, o forzando cualquier interpretación, que permite salirse con la suya en cada momento, sea ganar tiempo, eliminar a un rival o lograr un cargo. El viernes asistimos impávidos a una de esas: Bolivia tiene nuevo Defensor del Pueblo.
La elección se había bloqueado varias veces porque la aritmética es testaruda y la Constitución también. Los dos tercios son los dos tercios siempre y por ende, nadie podía imponer su Defensor del Pueblo – el gobierno sondeó varas veces la posibilidad de hacerlo por Decreto o con alguna otra fórmula legislativa – salvo que negociara adecuadamente o surgiera una oportunidad de oro, como así lo fue.
32 diputados de oposición de los 70 que suman en total no asistieron a la sesión del viernes por diferentes motivos. La mitad más o menos por asistir a las celebraciones de la efeméride departamental de Santa Cruz. Otros por motivos más peregrinos muy habituales en los viernes, sobre todo para los diputados no residentes en La Paz. Se dieron casos como el del senador Rodrigo Paz Pereira, justo en semana de alternancia – aunque nadie lo vio por Tarija – que dejó la posta a su suplente, Zoya Zamora, que a la vez estaba de baja.
32 diputados de oposición de los 70 que suman en total no asistieron a la sesión del viernes por diferentes motivos
La sesión es perfectamente legal y apegada al reglamento. Ni siquiera se tuvieron que aprovechar de los cambios introducidos en ese texto al final de la pasada gestión, cuando el MAS había perdido los dos tercios en la Asamblea y quiso maquillar el reglamento de debates para no quedarse sin determinados privilegios. No hizo falta porque en esa sesión el MAS se vio con una abrumadora mayoría de dos tercios respecto a las filas de la oposición y no lo pensaron dos veces: se modificó el orden del día y se colocó la elección del Defensor del Pueblo, que había quedado pendiente de otros días.
La oposición tiene derecho a la pataleta, de la que abusan a menudo, pero más les convendría hacer una profunda reflexión sobre su utilidad y función, pues en demasiadas ocasiones lo que dicen no acompaña a lo que hacen, y en esa ocasión pudo más el finde que el servicio al país.
El MAS volvió a mostrarse infalible con el rodillo, además mostrando unidad sin fisuras sobre el nombre de Pedro Callisaya, que ya veremos si tiene inclinaciones por alguna de las facciones del partido al que no debería responder.
La chicana no fortalece al MAS, al contrario, pero al que hace daño es al propio Callisaya y a la institución de la Defensoría del Pueblo, pensada para nacer del consenso y responderle al pueblo, pero que parece haberse convertido en una extensión del partido y del gobierno.
La única persona que en realidad puede revertir esta situación y darle lustre a una institución que debería ser referencia en la batalla permanente por los Derechos Humanos es el propio Callisaya. Ojalá tome las mejores decisiones para que así sea.
