Adelantar el censo sin concesiones

Lo importante del Censo de Población y Vivienda es hacerlo bien, y hacerlo bien implica también alejarlo de momentos políticos comprometidos, por lo que efectivamente el 2023 pasa por ser un año ligeramente más conveniente para su ejecución que el 2024, año en el que los partidos estarán ya con todas las armas cargadas y tal vez incluso eligiendo candidato para los comicios de 2025.

Si el Censo no se ve como una herramienta básica de planificación para la que se necesitan los datos más reales, corre el riesgo de convertirse en un arma arrojadiza, y si sus resultados van a publicarse en la víspera de las elecciones de 2025, pues según la experiencia de 2012, el periodo de consolidación de datos es extraordinariamente largo, no es de extrañar que los partidarios del gobierno animen a sus simpatizantes a contar maravillas de su existencia a los encuestadores, mientras que los opositores pidan a los suyos ponerse en plan catastrofista y describir el fin del mundo. En ambos casos, los resultados serían inútiles y el país habría perdido tiempo y dinero para nada.

Aunque por alguna extraña razón – cabe ponerse en lo peor – los gobernadores convocados a la Mesa aceptaron a último momento que se fijara 2024 para la fecha del Censo, en la siguiente reunión con los alcaldes el propio presidente Luis Arce pareció aceptar los argumentos que lo promovían para el 2023 y oficialmente quedó la fecha abierta a discusión.

En paralelo, Santa Cruz y Luis Fernando Camacho montaron en cólera al reconocerse como principales perjudicados del aplazamiento y optaron por la vía del paro cívico, una vía un tanto inconsistente y que pocas veces ha logrado algo en asuntos similares al que se debate en este momento, pues por propio instinto de supervivencia política, el gobierno va a oponerse a adelantar el censo en medio de las presiones cruceñas.

Camacho podía haber desplegado una estrategia diferente buscando un frente común con otros gobernadores y otros alcaldes, sobre todo los de las ciudades capitales, que también son perjudicados por la demora del censo ya que son los que de forma directa están soportando la migración campo ciudad y tratando de brindar los servicios básicos necesarios con una financiación insuficiente. Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz ha apelado a la confrontación directa y unilateral, convirtiendo el asunto en un tema casi regional que no logra generar empatías en otros rincones del país, pero tampoco en el propio departamento cruceño, tan grande y diverso y con un potencial tan grande que difícilmente puede contenerse con paros de parte.

Todavía hay margen para llegar a un acuerdo sobre el adelanto del Censo al 2023 sin que esto suponga un problema político. Cualquier paso generará precedentes a los que cualquiera de los bandos apelará después. Lo que está claro es que cada cual quiere utilizarlos en su conveniencia, y en su deriva.