Políticas para la industria nacional
Hacer más competitivas nuestras empresas es un debe que se viene arrastrando desde el 52, como quien dice. Ni en las épocas de mayor bonanza se ha logrado implementar programas comunes que potentes que lograran el objetivo
Es pronto para sacar conclusiones y extraña que las medidas no se estén presentando dentro de un mismo paquete de choque frente a la crisis económica impulsado por el Gobierno Nacional, pero las reformas implementadas apuntan claramente a ello: formalizar la economía con beneficios para todos.
De momento dos son las medidas estrella: la Ley de reintegro del IVA y el fideicomiso para producción nacional que sustituyan importaciones. Lo demás son parches no del todo bien pensados, como el “bono contra el Hambre”, que se esfuma en forma de contrabando, y promesas de campaña que hay que cumplir, como el impuesto a las grandes fortunas, que le traerá más de un quebradero de cabeza, pero se deberá implementar.
El Gobierno de Luis Arce también ha corregido algunos de los desmanes que implementó el Gobierno de Jeanine Áñez, y que tenía claramente la intención de beneficiar a sectores privados tanto en la asociación por la explotación de bienes públicos como tolerando el desabastecimiento del mercado interno.
Las políticas mejoran algunas de las implementadas en la etapa anterior, donde el sesgo ideológico de la Vicepresidencia limitó en mucho a la empresa nacional y la desconfianza mutua perjudicó el proceso, que no pudo sostenerse ni lograr un cambio de matriz real solo con el sostenimiento de lo estatal y lo micro comunitario.
Que el ciudadano común pueda recuperar, aunque sea una mínima parte de sus gastos facturados a lo largo del año, es una muy buena noticia para el mercado interno, porque de entrada se formalizarán muchas transacciones que precisaban de seguridad y garantía, pero que acababan superadas por lo sustancial del pago del 13% de IVA.
La norma da pie, además, a que se puedan aplicar otro tipo de medidas que incentiven de verdad la producción interna. Por ejemplo, excluyendo de la devolución las facturas de determinados productos importados o bonificando la compra de productos nacionales con factura. A partir de ahí se abre un nuevo universo.
La creación del fideicomiso para incentivar la producción nacional y sustituir importaciones se encamina también en esa dirección. Bolivia tiene capacidades instaladas que pueden cubrir la demanda, y que sin embargo, se ven desplazadas por importaciones que no siempre representan mayor calidad, ni tampoco mejor precio.
Hacer más competitivas nuestras empresas es un debe que se viene arrastrando desde el 52, como quien dice. Ni en las épocas de mayor bonanza se ha logrado implementar programas comunes que potentes que lograran el objetivo. Desde luego, no hay un solo camino para alcanzarlo, pero en Bolivia las políticas liberales han demostrado que no llevan en esa dirección, y que el “libre mercado”, que se aplica ferozmente en El Alto y en las fronteras, no sirve para desarrollar servicios ni satisfacer necesidades de los ciudadanos.
Se trata de ganar – ganar, de que Bolivia sea más justa y más nuestra. El camino recién ha empezado, pero no caben atajos ni nuevos desvíos.


