Un presupuesto de alto riesgo
El desafío, en cualquier caso, es atender las brechas de pobreza que se están reabriendo en el tejido social y urbano, asunto para el que todavía no hay los mecanismos suficientes
Bolivia ya tiene presupuesto para la gestión 2021, un presupuesto que contempla algo más de 40 mil millones de dólares y que, pese a las urgencias, no parece estar especialmente pensado ni para atacar el Covid-19, ni para abordar los problemas sociales que se vendrán después a costa de la mala gestión de la pandemia durante el 2020.
El presupuesto, básicamente, es heredado de la gestión de Jeanine Áñez, que a su vez tampoco hizo esfuerzos por modificar sustancialmente el que había dejado Luis Arce en su gestión ministerial. En general, el Gobierno de Jeanine Áñez creía más en los decretazos vía Gaceta Oficial del Estado que en las Leyes para transformar la economía nacional.
Entre los ajustes cosméticos, se aplica el 10% para la salud sobre el presupuesto consolidado (3.000 millones de dólares), que no es extraño en tiempos de pandemia y juega con algunos trucos contables para contabilizar obra pública en el Ministerio de Salud.
La austeridad se sigue imponiendo también en las cuentas de Luis Arce Catacora, así como una sustancial caída de la inversión pública presupuestada: 4.000 millones de dólares frente a los 6.000 del promedio 2015-2019. Reducir la inversión pública en el modelo de Arce Catacora supone ralentizar el motor que ha generado el dinamismo económico de los últimos años, lo que tendrá efectos específicos sobre el empleo, y este sobre la inversión y el consumo.
El PGE contempla una sustancial caída de la inversión pública presupuestada: 4.000 millones de dólares frente a los 6.000 del promedio 2015-2019
La caída tiene que ver con el ajuste de ingresos, que en cualquier caso el Gobierno pretende recuperar con algunas medidas específicas a partir de 2021, más allá del impuesto a las grandes fortunas. El planteamiento de reforzar la tributación con el mecanismo de devolución de importe en efectivo a los trabajadores debe contribuir a una ampliación de ingresos y a una mayor formalización de la economía.
Tiene algunas trampas, pues contempla una emisión de deuda soberana rondando los 3.000 millones de dólares que puede salir caro a todo el país en estos tiempos de zozobra; por el contrario, es bastante prudente en cuanto al cálculo del precio del crudo, fijado sobre los 36 dólares por barril, inferior al promedio de este malísimo 2020 pero que caerá tras las determinaciones de la OPEP, aunque en el caso de Bolivia no solo se debe tomar en cuenta la cotización internacional del precio, sino la capacidad de negociar con Brasil y Argentina. Con Brasil se firmó en marzo una adenda que perjudica los intereses del Estado, y con Argentina vence en febrero otra adenda que tampoco ha mejorado la situación del país.
El optimismo llega con el dato de crecimiento previsto y que ya había dejado alegremente el Gobierno de Jeanine Áñez: un 4,8% de crecimiento para un 2021 incierto, luego de que la Cepal haya certificado un decremento del 8% en este 2020.
El dato es superior al que Arce había previsto para 2020, y aunque la comisión de Naciones Unidas estima que la recuperación será en forma de V por la informalidad y dinamismo del mercado boliviano, no todos los analistas son tan optimistas.
El desafío, en cualquier caso, es atender las brechas de pobreza que se están reabriendo en el tejido social y urbano, asunto para el que todavía no hay los mecanismos suficientes en un país con un Gobierno socialista desde hace 15 años. Hay poco tiempo que perder con eso.
