El esfuerzo colectivo en la crisis
La Ley que regula una relación entre particulares como el alquiler apela al reparto de cargas entre todos para superar la crisis y no otras que regulan la relación entre ciudadanos y poderosas corporaciones, como la banca o las AFP, que siempre ganan
El Movimiento Al Socialismo (MAS) desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) logró arrancar una serie de leyes de claro contenido social al ejecutivo de Jeanine Áñez, que por sistema prefirió oponerse a todas, sobre todo cuando dejó de ser un Gobierno candidato, y remitirlas mínimamente al Tribunal Constitucional con el afán de “ganar tiempo”, que visto desde el lado de los beneficiarios suponía alargar la incertidumbre o la situación de crisis.
De todo el paquete legislativo que vino a configurar algo así como un plan anticrisis, sin embargo, solo una ley tiene en su considerando la necesidad de repartir esfuerzos entre todos para garantizar una salida equitativa a la crisis, donde cada uno aporte en función de sus posibilidades.
Esta Ley es precisamente la Ley de Alquileres, aquella que libera de una parte del pago a los inquilinos respecto a sus arrendadores, a los que no les queda otra opción que aceptar o entrar en una batalla judicial ante el Tribunal Constitucional que probablemente ganaría. La Ley tiene un claro sentido social y evidentemente va a ayudar a familias y emprendedores en situaciones complicadas, aún a costa de los propietarios, que sacrifican ingresos en nombre de la pandemia, aunque su aplicación es compleja, pues es el arrendador quien sigue teniendo el poder en sus manos y varias formas de lograr compensar los pagos.
Es verdad que el Gobierno recién se instala, pero la situación es especialmente crítica y amerita acciones rápidas
Lo ciertamente curioso es que esa Ley que regula una relación entre particulares sea la que apele al reparto de cargas entre todos para superar la crisis y no otras que regulan la relación entre ciudadanos y poderosas corporaciones, como la banca o las AFP.
En un afán por “repartir la carga entre todos” hubiera sido justo que la banca perdiera parte de los intereses sobre las cuotas que se pudieron acoger al diferimiento de pagos, y que sin embargo solo han sido dilatadas en el tiempo, cuando no castigadas directa o indirectamente en la aplicación práctica de la normativa.
También tendría alguna coherencia que en el afán de mantener el empleo formal, repartiendo las cargas, las aseguradoras de la AFP hubieran dispuesto fórmulas adicionales para ayudar a las empresas, o al menos algún tratamiento de pago diferido racional para recuperar las cuotas afectadas por la pandemia y no ponerlas entre la espada y la pared cuando el retorno a la normalidad es aún incierto, al menos desde el punto de vista del consumo.
El Gobierno ha planteado el pago del Bono contra el Hambre hasta fin de año, y de momento es el único plan de choque económico que el Gobierno contempla mientras las empresas y las familias se mantienen en situaciones críticas a la espera de un verdadero plan de estímulo que cambie la dinámica, porque después de lo electoral, los problemas siguen estando en su mismo lugar. Es verdad que el Gobierno recién se instala, pero la situación es especialmente crítica y amerita acciones rápidas.
