Nueva alerta
La falta de inmediatez en la atención de casos de violencia contra las mujeres es una de las mayores falencias en nuestro país. A más de seis años de la promulgación de la Ley 348 los obstáculos continúan en la atención y protección de las víctimas. Entre los tropiezos están la...
La falta de inmediatez en la atención de casos de violencia contra las mujeres es una de las mayores falencias en nuestro país. A más de seis años de la promulgación de la Ley 348 los obstáculos continúan en la atención y protección de las víctimas.
Entre los tropiezos están la falta de personal especializado para atender a las víctimas de violencia, la necesidad de mayor apoyo en la institucionalización de oficinas especializadas en protección y atención para las mujeres, y la lenta aplicación de protocolos para evitar la revictimización al denunciar una agresión. En lo logístico se encuentra la limitación de presupuesto y la falta de equipamiento.
A menudo se vinieron denunciando estos problemas y una vez más se reflejan en hechos concretos. Fue ahora la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas-Originarias de Tarija, “Bartolina Sisa”, la que el pasado 3 de enero alertó sobre los descuidos de la Policía Boliviana al momento de tratar denuncias de violencia.
La ejecutiva de esa organización, Irma Gutiérrez, recordó la historia burocrática de una compañera, a quien no le recibieron la denuncia de golpes por parte de su ex pareja, debido a que no presentaba marcas ni moretones. De tal manera la mujer continuó siendo víctima de agresiones.
Más aún, éste es solo un ejemplo de los cientos de casos en los que no se recibieron las denuncias o no se dio la debida protección a las víctimas hasta llegar a su muerte. ¿Hasta cuándo? y ¿En qué fallamos?
Entre 2015 y el primer trimestre de 2018 se abrieron 113.269 casos de violencia contra la mujer en Bolivia, de los cuales 72.916 fueron cerrados o concluidos y solo 1.284 tienen sentencias condenatorias, es decir, el 1,13 por ciento del total.
En enero del año 2019 el Gobierno creó el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización para hacer efectivas las políticas de lucha contra la violencia a las mujeres, después de cerrar 2018 con más de un centenar de feminicidios. Sin embargo, esto tampoco logró aportar a la resolución del problema.
La burocracia continúa generando tropiezos, a esto se suma en muchos casos la falta de apoyo familiar, las presiones sociales y económicas. Y finalmente el desistimiento de la víctima.
Lo hemos dicho cientos de veces, es hora de resolver el sistema burocrático, deshacerse de funcionarios que desconocen los protocolos de actuación en caso de denuncias o actúan bajo estereotipos y prejuicios. Es hora también de revisar la ley y establecer protocolos rápidos y eficaces a la hora de atender este tipo de denuncias.
No sumemos más alertas sobre los problemas y no restemos más vidas. Un informe difundido en noviembre pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra a Bolivia como el país suramericano con la prevalencia más alta de feminicidios, seguido por Paraguay, con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres, respectivamente.
Entre los tropiezos están la falta de personal especializado para atender a las víctimas de violencia, la necesidad de mayor apoyo en la institucionalización de oficinas especializadas en protección y atención para las mujeres, y la lenta aplicación de protocolos para evitar la revictimización al denunciar una agresión. En lo logístico se encuentra la limitación de presupuesto y la falta de equipamiento.
A menudo se vinieron denunciando estos problemas y una vez más se reflejan en hechos concretos. Fue ahora la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas-Originarias de Tarija, “Bartolina Sisa”, la que el pasado 3 de enero alertó sobre los descuidos de la Policía Boliviana al momento de tratar denuncias de violencia.
La ejecutiva de esa organización, Irma Gutiérrez, recordó la historia burocrática de una compañera, a quien no le recibieron la denuncia de golpes por parte de su ex pareja, debido a que no presentaba marcas ni moretones. De tal manera la mujer continuó siendo víctima de agresiones.
Más aún, éste es solo un ejemplo de los cientos de casos en los que no se recibieron las denuncias o no se dio la debida protección a las víctimas hasta llegar a su muerte. ¿Hasta cuándo? y ¿En qué fallamos?
Entre 2015 y el primer trimestre de 2018 se abrieron 113.269 casos de violencia contra la mujer en Bolivia, de los cuales 72.916 fueron cerrados o concluidos y solo 1.284 tienen sentencias condenatorias, es decir, el 1,13 por ciento del total.
En enero del año 2019 el Gobierno creó el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización para hacer efectivas las políticas de lucha contra la violencia a las mujeres, después de cerrar 2018 con más de un centenar de feminicidios. Sin embargo, esto tampoco logró aportar a la resolución del problema.
La burocracia continúa generando tropiezos, a esto se suma en muchos casos la falta de apoyo familiar, las presiones sociales y económicas. Y finalmente el desistimiento de la víctima.
Lo hemos dicho cientos de veces, es hora de resolver el sistema burocrático, deshacerse de funcionarios que desconocen los protocolos de actuación en caso de denuncias o actúan bajo estereotipos y prejuicios. Es hora también de revisar la ley y establecer protocolos rápidos y eficaces a la hora de atender este tipo de denuncias.
No sumemos más alertas sobre los problemas y no restemos más vidas. Un informe difundido en noviembre pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra a Bolivia como el país suramericano con la prevalencia más alta de feminicidios, seguido por Paraguay, con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres, respectivamente.
