Desafíos de Tarija para 2020
La fiebre electoral de 2019 dejó demasiados asuntos departamentales postergados, los cálculos electorales se impusieron a las necesidades. La mayor parte de los asuntos polémicos quedaron “para después de elecciones”, sin embargo, el nuevo calendario hace que los mismos se vuelvan...
La fiebre electoral de 2019 dejó demasiados asuntos departamentales postergados, los cálculos electorales se impusieron a las necesidades. La mayor parte de los asuntos polémicos quedaron “para después de elecciones”, sin embargo, el nuevo calendario hace que los mismos se vuelvan ineludibles.
Entre los asuntos legislativos se cuenta la Ley Electoral, pero también la salida a la crisis del 45%, que en algún momento tomó forma de pacto fiscal. En lo ejecutivo hay algunas obras prometidas que también deberían avanzar lo suficiente como para tomar cuerpo, o viceversa. El nuevo calendario electoral ha movido los planes más precisos en ese sentido.
Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales de San Luis tiene un estudio en marcha que debía presentarse justo antes de las elecciones subnacionales de marzo, siendo ese el único avance en cinco años. ¿Será que el nuevo Gobierno comprometerá recursos para su construcción?
Otro asunto en disputa era la variante Canaletas – Entre Ríos; la ABC se negó obstinadamente en recibir esa ruta, concluida en tiempos de Lino Condori y que la recibió sin ajustarse a las características que le exigía la ABC, seguramente convencido de que la afinidad partidaria suavizaría el asunto. Con la caída de ingresos, la ruta vital es inabordable y su propio mantenimiento difícil para el departamento, que podría determinar su cierre para utilizar la red vial fundamental por Castellón, triplicando la duración del trayecto.
En el Chaco hay tres carreteras que se inauguraron en plena campaña: Choere – Acheral; La Vertiente Palo Marcado y la doble vía entre Yacuiba y Pajoso. Las dos últimas fueron entregadas a la Empresa Boliviana de la Construcción con ciertos convenios complejos. Debieron servir para octubre y para marzo, pero ahora se necesitará ver avance de obra de verdad.
Las condiciones están dadas para que sea el Gobierno Nacional, que no aspira a la continuidad, al menos teóricamente, el que cierre los acuerdos esenciales de la redistribución del Pacto Fiscal
También la Petroquímica del Chaco volvió a ser objeto de proselitismo, con una licitación intermedia en plazos estratégicos que en el fondo no venía a ser la construcción, sino la ingeniería. El nuevo Gobierno, por el momento, guarda silencio al respecto.
En cualquier caso, son las leyes departamentales las que más necesidad tienen de ser concretadas en el corto plazo.
Con los cambios en el sistema, los asambleístas del MAS que aprobaron la Ley Electoral desafiando a la Constitución Política del Estado y al TCP, que ya habían prohibido la elección de subgobernadores, tendrán que buscar una nueva solución, aunque la Ley solo está pendiente de promulgación. Se trata de un delito tipificado: resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, uno de esos tan interpretable en función del poder.
De todos los debes, sin embargo, es el del pacto fiscal el que más apremia. Y es cierto que las condiciones están dadas para que sea el Gobierno Nacional, que no aspira a la continuidad, al menos teóricamente, el que cierre los acuerdos esenciales de la redistribución. En cualquier caso, el debate también debe darse en Tarija, donde los excesos del pasado siguen dejando facturas sin pagar, y las urgencias de los ejecutivos, y su codicia, empiezan a amenazar la unidad departamental.
Entre los asuntos legislativos se cuenta la Ley Electoral, pero también la salida a la crisis del 45%, que en algún momento tomó forma de pacto fiscal. En lo ejecutivo hay algunas obras prometidas que también deberían avanzar lo suficiente como para tomar cuerpo, o viceversa. El nuevo calendario electoral ha movido los planes más precisos en ese sentido.
Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales de San Luis tiene un estudio en marcha que debía presentarse justo antes de las elecciones subnacionales de marzo, siendo ese el único avance en cinco años. ¿Será que el nuevo Gobierno comprometerá recursos para su construcción?
Otro asunto en disputa era la variante Canaletas – Entre Ríos; la ABC se negó obstinadamente en recibir esa ruta, concluida en tiempos de Lino Condori y que la recibió sin ajustarse a las características que le exigía la ABC, seguramente convencido de que la afinidad partidaria suavizaría el asunto. Con la caída de ingresos, la ruta vital es inabordable y su propio mantenimiento difícil para el departamento, que podría determinar su cierre para utilizar la red vial fundamental por Castellón, triplicando la duración del trayecto.
En el Chaco hay tres carreteras que se inauguraron en plena campaña: Choere – Acheral; La Vertiente Palo Marcado y la doble vía entre Yacuiba y Pajoso. Las dos últimas fueron entregadas a la Empresa Boliviana de la Construcción con ciertos convenios complejos. Debieron servir para octubre y para marzo, pero ahora se necesitará ver avance de obra de verdad.
Las condiciones están dadas para que sea el Gobierno Nacional, que no aspira a la continuidad, al menos teóricamente, el que cierre los acuerdos esenciales de la redistribución del Pacto Fiscal
También la Petroquímica del Chaco volvió a ser objeto de proselitismo, con una licitación intermedia en plazos estratégicos que en el fondo no venía a ser la construcción, sino la ingeniería. El nuevo Gobierno, por el momento, guarda silencio al respecto.
En cualquier caso, son las leyes departamentales las que más necesidad tienen de ser concretadas en el corto plazo.
Con los cambios en el sistema, los asambleístas del MAS que aprobaron la Ley Electoral desafiando a la Constitución Política del Estado y al TCP, que ya habían prohibido la elección de subgobernadores, tendrán que buscar una nueva solución, aunque la Ley solo está pendiente de promulgación. Se trata de un delito tipificado: resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, uno de esos tan interpretable en función del poder.
De todos los debes, sin embargo, es el del pacto fiscal el que más apremia. Y es cierto que las condiciones están dadas para que sea el Gobierno Nacional, que no aspira a la continuidad, al menos teóricamente, el que cierre los acuerdos esenciales de la redistribución. En cualquier caso, el debate también debe darse en Tarija, donde los excesos del pasado siguen dejando facturas sin pagar, y las urgencias de los ejecutivos, y su codicia, empiezan a amenazar la unidad departamental.
