Pausa para ganar tiempo; bosques y pueblos siguen en peligro
El jueves 12 de diciembre, el gobierno transitorio anunció una pausa en los procesos de distribución de tierras, además de la verificación de la Función Económica Social (FES), y auditorías. Poco duró el respiro, pues ayer se conoció que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras,...
El jueves 12 de diciembre, el gobierno transitorio anunció una pausa en los procesos de distribución de tierras, además de la verificación de la Función Económica Social (FES), y auditorías. Poco duró el respiro, pues ayer se conoció que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordóñez, se reunió con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), para establecer una agenda de trabajo en titulación y saneamiento de tierras para ese sector.
Activistas ambientales, instituciones especializadas en temática agraria y ambiental, y algunos pueblos indígenas y otros, venían denunciando tanto a las autoridades del anterior gobierno como el actual por favorecer la titulación de tierras a favor de poderosos grupos agroindustriales, ganaderos y también de interculturales.
En el centro de la polémica, que constituye el más reciente avance en favor de la deforestación para la expansión de la ganadería y el modelo agroindustrial, se dio en julio, cuando el expresidente Evo Morales anunció la aprobación de la modificación del Decreto Supremo (DS) 26075 sobre tierras de producción forestal permanente a través de la promulgación de DS 3973.
El nuevo decreto modifica en particular el artículo 5 del anterior, estableciendo que: “En los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra (…). En ambos departamentos se permite la quema controlada de acuerdo a reglamentación vigente en las áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que así lo permitan”.
En la misma bolsa está la Ley 741 de 2015, que tiene por objeto “autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas”.
Ambas normas han sido apuntadas como incentivos para el aumento de quemas y chaqueos en las tierras bajas del país, que luego desembocaron en el mega incendio de la Chiquitanía, y en el cambio de usos del suelo en el Beni, que promueve las mismas peligrosas prácticas.
Como bien se sabe, el argumento del anterior gobierno, de la CAO, agroexportadores y sectores afines, para desarrollar estas medidas, fue el de un supuesto aumento del crecimiento económico, algo rebatido ampliamente por distintos expertos y organizaciones.
La pausa anunciada el jueves por el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, y el INRA, no mencionó nada sobre el DS 3973 ni la Ley 741. Y si bien el gobierno de transición no tendría potestad para hacer cambios trascendentales al respecto, tampoco debiera tenerla para trabajar con la CAO y afines en pos de la titulación y saneamiento de tierras en favor de ese poderoso sector.
Debe haber una pausa general hasta que asuma un nuevo gobierno que tenga la legalidad y la legitimidad de tomar estas decisiones. Hasta entonces, los sectores que estuvieron en pie de lucha seguirán en alerta para poner límites a cualquier intento de consolidar privilegios que atentan contra derechos.
Activistas ambientales, instituciones especializadas en temática agraria y ambiental, y algunos pueblos indígenas y otros, venían denunciando tanto a las autoridades del anterior gobierno como el actual por favorecer la titulación de tierras a favor de poderosos grupos agroindustriales, ganaderos y también de interculturales.
En el centro de la polémica, que constituye el más reciente avance en favor de la deforestación para la expansión de la ganadería y el modelo agroindustrial, se dio en julio, cuando el expresidente Evo Morales anunció la aprobación de la modificación del Decreto Supremo (DS) 26075 sobre tierras de producción forestal permanente a través de la promulgación de DS 3973.
El nuevo decreto modifica en particular el artículo 5 del anterior, estableciendo que: “En los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra (…). En ambos departamentos se permite la quema controlada de acuerdo a reglamentación vigente en las áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que así lo permitan”.
En la misma bolsa está la Ley 741 de 2015, que tiene por objeto “autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas”.
Ambas normas han sido apuntadas como incentivos para el aumento de quemas y chaqueos en las tierras bajas del país, que luego desembocaron en el mega incendio de la Chiquitanía, y en el cambio de usos del suelo en el Beni, que promueve las mismas peligrosas prácticas.
Como bien se sabe, el argumento del anterior gobierno, de la CAO, agroexportadores y sectores afines, para desarrollar estas medidas, fue el de un supuesto aumento del crecimiento económico, algo rebatido ampliamente por distintos expertos y organizaciones.
La pausa anunciada el jueves por el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, y el INRA, no mencionó nada sobre el DS 3973 ni la Ley 741. Y si bien el gobierno de transición no tendría potestad para hacer cambios trascendentales al respecto, tampoco debiera tenerla para trabajar con la CAO y afines en pos de la titulación y saneamiento de tierras en favor de ese poderoso sector.
Debe haber una pausa general hasta que asuma un nuevo gobierno que tenga la legalidad y la legitimidad de tomar estas decisiones. Hasta entonces, los sectores que estuvieron en pie de lucha seguirán en alerta para poner límites a cualquier intento de consolidar privilegios que atentan contra derechos.
