Lo que la justicia depara

El poder judicial puede ser más o menos independiente en este y en cualquier otro país del mundo; el Fiscal General nunca lo es. Ni aquí ni en la Conchinchina. Se trata de un brazo ejecutor protector del Estado pero elegido normalmente por el Gobierno de turno o por las Cámaras Legislativas, basados en mayorías más o menos holgadas, más o menos negociadas. Es verdad que en estos tiempos de comunicación horizontal y hemerotecas digitales, el Fiscal General y sus subordinados deben aparentar al menos una decencia institucional acorde al cargo. Esto es más necesario aún cuando, desde el Ministerio de Justicia, se evidencian empeños para garantizar ecuanimidad en base a nuevas normativas que buscan evitar y desterrar el abuso de poder, la puesta al servicio de la justicia al poder de turno y otras lacras de larga data. El trabajo de fiscal, en cualquier caso, es uno de los más fundamentales en el funcionamiento del Estado de Derecho. Los fiscales y todo el Ministerio Público están encargados de perseguir el delito a todos los niveles, de ordenar las investigaciones policiales y, al fin, de desarticular a las grandes redes del mal y a las pequeñas. En los últimos meses ha habido un furor renovado en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo a raíz de que se destaparan los vínculos entre el narco Pedro Montenegro y la cúpula policial de Santa Cruz. Cayó después el clan Castedo en el Beni, por intervención de la policía paraguaya; cayó Paolo Lumia, narco italiano que llevaba años viviendo cómodamente en Cochabamba; el viernes cayó el “Tío Vago”, otro capo peruano que era buscado desde 2010 y que se escondía en Santa Cruz. En Tarija cayó Jorge Demetrio Romero, que acabó asumiendo su culpa, tras años de impunidad. El debe sigue estando, sin embargo, en las redes de corrupción. El sesgo entre la celeridad con la que se manejan unos casos y la demora con la que se manejan otros es más que evidente. Hasta la fecha no hay sentencia con temas emblemáticos como el del Fondo Indígena, pero tampoco en los múltiples casos que han sacudido a YPFB, con Guillermo Achá como principal imputado y, en Tarija, poco avanzan los casos, por ejemplo, sobre el ex Gobernador Lino Condori o el ex alcalde Óscar Montes. Sin embargo, en los casos en los que los señalados son parte de la oposición, el proceso hasta la audiencia cautelar es mucho más rápido. Es el caso de la celeridad con la que se trataron denuncias contra el alcalde José María leyes, más allá de las evidencia existentes, o la forma en la que se ha reabierto el único asunto del que el Ministerio Público considera que puede tirar contra el Gobernador Adrián Oliva, aunque este ya ha explicado la naturaleza de los actos investigados, que no revestirían tipos penales. En un país en formación como el nuestro, la institucionalidad es todavía una asignatura pendiente, y los regímenes largos no siempre contribuyen a su consolidación, sino más bien, a la deformación. Es necesario acompañar los esfuerzos que desde el Ministerio de Justicia buscan recuperar precisamente la Justicia en todo su esplendor para que Bolivia pueda crecer libre, y sobre todo, justa.