Un sistema que pone zancadilla al emprendedor y al ciudadano

Los impuestos son necesarios para que el Estado le devuelva al ciudadano una serie de servicios e infraestructura esenciales para una vida digna. Pero deben estar basados en sistemas progresivos, ágiles, transparentes y convenientes para no entorpecer la vida diaria y el desarrollo empresarial,...

Los impuestos son necesarios para que el Estado le devuelva al ciudadano una serie de servicios e infraestructura esenciales para una vida digna. Pero deben estar basados en sistemas progresivos, ágiles, transparentes y convenientes para no entorpecer la vida diaria y el desarrollo empresarial, que, al fin y al cabo, es lo que genera empleos estables y de calidad.

El año pasado, las investigadoras del BID, Marta Ruiz-Arranz y María Cecilia Deza encontraron que en los países andinos en general, y en Bolivia en particular, el hecho de que el mercado empresarial y el empleo estén concentrados en empresas de tamaño reducido, con baja productividad laboral y salarios, y con grandes probabilidades de desaparecer o de no crecer, “implica que los recursos productivos no están siendo asignados a sus usos más eficientes, lo que tiene implicancias adversas sobre la productividad agregada”.

Entre los factores “íntimamente relacionados” a estos problemas en los países andinos es la elevada informalidad y el autoempleo. En Bolivia el autoempleo significa más del 60% del total de la población empleada, con lo que se constituye en el país con mayor nivel de autoempleo entre los países andinos, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Penn World Tables.

Asimismo, Bolivia se lleva la medalla de la informalidad, pues su población empleada en este sector es del 81,1%, según reflejan los datos del BID.

Ruiz-Arranz y Deza, explicaban además que la alta informalidad y autoempleo se debe, por un lado, “a la proliferación de empresas pequeñas que representan una alternativa viable para trabajadores de ingresos bajos y poca calificación”, y por otro lado, “a la falta de oportunidades en el mercado formal, lo que lleva a optar por el autoempleo, aunque la prima salarial sea negativa”.

En Bolivia, empresarios y analistas han advertido que además de estos factores, las pesadas y engorrosas cargas impositivas, sociales y laborales (al que se suma últimamente el doble aguinaldo) también generan fuertes desincentivos para formalizarse, invertir, innovar y mejorar la productividad.

Precisamente, los primeros días de junio trajeron consigo la noticia de que, según el ranking del Banco Mundial denominado “Doing Business” (Haciendo Negocios), el sistema impositivo boliviano es uno de los perores del mundo, situándolo en el puesto 186 de 190 países analizados. Solo cuatro países del mundo están en peor situación que Bolivia este ranking: República Centroafricana, Chad, Venezuela y Somalia.

México (puesto número 54) y Chile (número 56) encabezan la lista de los países latinoamericanos mejor ubicados, seguidos por Colombia (65), Perú (68) y Uruguay (95). El ranking es encabezado por Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca. Ni para decir que es solo un ranking del “imperio”.

Si algo bueno puede tener un año electoral, es la posibilidad de que gobernantes y aspirantes encuentren qué cosas están bien, para continuarlas o mejorarlas, y qué cosas van mal, para cambiarlas. Mientras la población espera las propuestas, no hace falta mirar lejos ni profundo para encontrar lo que se necesita para avanzar como país.

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